ndrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo...
- 19/02/2026 19:56
La norma fue respaldada por todos los bloques tras dos semanas de consultas. Aunque permitirá la excarcelación de cientos de presos políticos, deja fuera a 174 militares procesados por delitos de rebelión.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía que abre la puerta a la liberación de cientos de presos políticos y al cierre de procesos judiciales contra personas perseguidas que permanecen en la clandestinidad o en el exilio. La decisión se produjo tras dos semanas de consultas con sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, celebró el consenso alcanzado y expresó su deseo de que la medida marque “un nuevo tiempo político” para el país. El texto incorpora ajustes jurídicos negociados con diputados opositores para ampliar su alcance, aunque excluye de forma taxativa a 174 militares —de un estimado de 600 presos políticos aún encarcelados— señalados por delitos de rebelión.
El documento fue remitido de inmediato al Palacio de Miraflores para su firma por parte de la presidenta Delcy Rodríguez. La ley entrará en vigor tras su publicación en la gaceta oficial. Asimismo, se designó una comisión parlamentaria de 23 diputados encargada de supervisar la implementación y revisar posibles exclusiones.
La amnistía se limita a 13 episodios de convulsión política y social ocurridos entre 1999 y 2026. Entre ellos figuran el período legislativo 2016–2021, cuando la Asamblea estuvo bajo control opositor, las primarias opositoras de 2023 y las protestas posteriores a las elecciones de julio de 2024. Quedarán excluidos quienes enfrenten causas vinculadas a rebeliones militares.
Los llamados “delitos de odio” no fueron derogados, pese a la presión de ONG y familiares. Rodríguez indicó que esa legislación será objeto de futuras reformas, tras reconocer que en algunos casos no fue aplicada “de forma adecuada”.
Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 7, relativo a la comparecencia ante tribunales. La versión final permite que quienes estén fuera del país actúen mediante abogados de su confianza y establece que ningún solicitante podrá ser detenido tras pedir la medida. “Esta ley no es perfecta, pero nuestro interés es que cese la persecución política”, afirmó la diputada opositora Nora Bracho.
El texto fija un plazo de 15 días para que los tribunales revisen y otorguen los beneficios. Además, la comisión parlamentaria podrá recomendar amnistías expeditas en casos no contemplados inicialmente.
La aprobación ocurre mientras continúan protestas y vigilias de familiares frente a centros de detención. Tras la excarcelación reciente de 444 personas, organizaciones de derechos humanos estiman que al menos 600 prisioneros permanecen detenidos por motivos políticos.
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