Silencio presidencial

Como candidato Ricardo Martinelli dijo que iba a titular derechos posesorios en todo el país, y que compartió la visión que la tierra es de quien la ocupa y trabaja. Solicitó apoyo de idealistas que creían que titular podría estrechar el abismo entre los panameños que tienen y los que no. Pidió los votos de quienes poseían tierras no tituladas. Aceptó dinero de quienes habían invertido en tierras de derechos posesorios. Apoyó adopción de la Ley 23, y mencionó su “plan masivo de titulación” cuando tomó posesión. A un mes de entrar en el poder, el gobierno de Martinelli repudió estas posiciones. No se trató solamente de derogar la Ley 23. El proyecto de ley con que el gobierno quiere reemplazarla tiene como premisa la Doctrina Colamarco, que toda tierra no titulada es del Estado, aunque tenga poseedor legítimo. El propósito estatal del proyecto no es de promover actividad económica en las áreas rurales, sobre la cual el Estado podrá grabar impuestos, sino de establecer el Estado en el negocio de bienes raíces. Al arrogar a sí mismo toda la tierra no titulada, el Estado podrá venderla a sus legítimos poseedores a precios que el Estado pone. Los que no quieren o no pueden pagar quedarán con dos hectáreas. El Estado los despojará de lo demás. Martinelli, mientras tanto, no dice nada. Bajo sus órdenes su gobierno desmantela un pilar de su programa, haciendo chillar un bloque significativo de sus constituyentes y seguidores, pero él no da ninguna explicación. La explicación que ofrece sus colaboradores es irrisoria (para usar una palabra de moda con ellos). Dicen que acaparadores han adquirido derechos posesorios de cientos de miles de hectáreas, y dejarlos titularlas a precios bajos sería un desastre. Pero si esto fuera el problema, se resuelva con establecer una escala especial de precios para titular derechos posesorios adquiridos y dejar lo demás de la Ley 23 como está. No hace falta decir a seres humanos que tierra que han limpiado y cultivado y hecha hogar está baldía y pertenece al Estado. El silencio presidencial, con las razones sin razón de sus colaboradores, sugiere que el cambio de rumbo tiene que ver con el bien del país sino de intereses políticos, personales, o de clase, de personas del gobierno. Sugiere también que el tema de titulación nunca era tan importante al presidente como él hizo creer.