Remilitarización enciende polémica

PANAMÁ. Para el 2010 Panamá se apresta a recibir otros seis millones en apoyo del “Plan Mérida”, que bien pueden estar representado en helicópteros, guardacostas, lanchas fluviales, radares u otros dispositivos para hacer efectiva la lucha contra el narcotráfico.

La cercanía de la fecha hace creer que las autoridades intentan acomodar la fuerza policial para que esos seis millones aumenten. En el 2008, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, se presentó ante el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates con el registro de encautaciones de drogas y con la finalidad de que Panamá recibiese 40 ó 50 millones de dólares, en vez de 6.

La transformación de las fuerzas policiales es un hecho que preocupa a diversos sectores. Aunque los analistas observan el hecho desde puntos de vista distintos, sienten que Panamá está jugando a ser parte de una realidad que no es suya y que podría traer resultados negativos para la seguridad.

Oswaldo Fernández ex director de la Policía Nacional (PN) considera que los cambios que se están dando en la institución no son parte del Plan Mérida sino iniciativas aisladas. “Cualquier ayuda internacional será bien recibida, pero también hay que verla desde la realidad de cada país. Panamá solo podría colaborar con ese plan en materia de información e inteligencia”.

Panamá, considera Fernández, no puede permanecer aislada del resto de los países. “Si bien es cierto que no podemos inmiscuirnos en los problemas internos que tienen Colombia y México, tenemos que tener en cuenta que la delincuencia es un problema de carácter internacional”.

Para el profesor Julio Yao, el cambio anunciado en la PN puede interpretarse como señal de militarización, y está incluido en el paquete de requisitos del Plan Mérida.

Yao considera que Panamá debe excluirse de ese plan como única forma de mantener la neutralidad que exige el Canal. “Esas bases o estaciones aeronavales que promueve el ministro de Gobierno y Justicia, José Raul Mulino, son una amenaza para los otros países de la región”.

Esas bases, agrega, es prueba de que existen acuerdos no divulgados con Estados Unidos e insta al pueblo a que rechace estas instalaciones hasta que el Estado no demuestre que se necesitan. “Se debe abrir un debate público antes de abrirse la primera estación”, enfatizó.

Yao presentará esta preocupación la próxima semana en un encuentro regional en Argentina, donde se tratará el tema de la abolición de las bases militares en los países centroamericanos.

El ex viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez, también considera que los cambios en la PN no son parte del Plan Mérida. “Realmente no sé si estos movimientos son prioridad en este momento, para mí el militarismo es un estado mental que ya Panamá tiene relegado al pasado”.

“Ya pasamos ese estado y creo que tenemos oficiales comprometidos con la democracia aunque nuestra fuerza carece de equipo, no tiene aviones, helicópteros, ni equipos importantes para el desarrollo del trabajo. Cualquier apoyo debe ser recibido”, agregó.

Pérez reconoce que Panamá está unida a esta región por otro vínculo además del Plan Mérida: el problema del narcotráfico. “No es una unión nueva, en estos países todos somos víctimas y tenemos que luchar tomados de la mano porque somos parte de la cadena del tráfico de narcóticos”, señaló.

El ex funcionario dice que en la lucha contra el narcotráfico el presidente Ricardo Martinelli ya “ha sellado un acuerdo de intercambio con México”.

Pérez considera que el Plan Mérida ha dado resultados y los mide así: “hemos incautado más droga que nunca durante los dos primeros años de ejecución del Plan y hemos recibido $10 millones”.