La junta directiva en su laberinto

PANAMÁ. Uno de los temas que ha generado más controversia dentro de la reforma propuesta por el gobierno a la ley orgánica de la Caja de Seguro Social es la composición y funcionamiento de su junta directiva.

Los principales oponentes, naturalmente, son los gremios representados en la actual junta: jubilados, obreros, empleadores, servidores públicos, trabajadores de la propia Caja y empleados del comercio.

Actualmente los miembros de la junta son elegidos por un período de cinco años, pueden llegar a ser reelegibles indefinidamente y tienen poder para tomar o vetar la mayoría de las decisiones del director general, lo cual dificulta a la administración operar con eficacia.

El tema ha estado en la mira del gobierno desde el primer día. El presidente Ricardo Martinelli, 24 horas después de su triunfo en las elecciones, desde el dintel de la puerta principal de su residencia en Altos del Golf envió un mensaje claro a los miembros de la junta de la Caja, a quienes conminó a eliminar las largas filas dentro del sistema de expedición de citas médicas en un plazo no mayor de 30 días, advirtiendo que, de lo contrario, esperaba la renuncia de cada uno de sus integrantes.

Aunque el plazo se venció y el desastre persiste, para el gobierno está claro que la naturaleza de la junta y las funciones que cumple son uno de los principales obstáculos para un mejor desempeño de la entidad.

Martín González integró la junta directiva durante la gestión del presidente Guillermo Endara en representación de los obreros. Para él las designaciones del Ejecutivo —tanto en la dirección general como en la junta directiva— siempre han respondido a intereses políticos.

Sostiene que ocupó este escaño por un “error” del jefe de gobierno. “Endara pensó que había nombrado a mi papá, quien tiene el mismo nombre y cuando se dio cuenta de la metida de pata no pudo revocar la decisión”, observa.

Agrega que su caso no fue único. Lo mismo ocurrió con el hotelero César Tribaldos, quien fuera nombrado de manera equivocada por recomendación del ex director Jorge Endara Paniza para representar a los empleadores.

Considera que lo que se debe resolver es el modelo de atención médica, una tarea que quedó pendiente de la administración anterior y que mediante las modificaciones del 2005, resolvió el grave problema financiero.

Cuestiona la pretensión de la actual administración que solo busca una mayor liberalidad en el manejo de los fondos, “como si fuese Jesucristo, el hijo de Dios, el que fuera a manejar esos dineros y no un mortal con debilidades, defectos y virtudes”.

Considera peligroso que la administración no tengan ningún tipo de contrapeso en las decisiones que tome en un futuro con el uso de los dineros de los asegurados, pero más cuestiona que se pretenda tener en el principal organismo de dirección del Seguro Social a gente “muda” sin ningún tipo de poder de decidir como es la responsabilidad original.

Carlos Abadía, ex presidente de esta junta, refuta los cuestionamientos sobre la potestad del director general de realizar compras hasta dos millones de dólares sin tener que contar con el aval de los miembros de este organismo. “Hay que tener claro que no se trata de compras directas”, advierte.

También señala que de darse la modificación las compras del director general deberán cumplir con todo lo que establece la ley de contratación pública y lo único que se está haciendo es evitar el atraso que produce la junta directiva en la compra de medicamentos, insumos médicos y de equipos que se necesitan con carácter de urgencia. “No le estamos dando una carta blanca al director”, agrega.

Abadía considera que los miembros de la junta directiva deben ser rotados y no permitir que hayan directivos en el Seguro con 3 y 4 períodos.

Negó que haya intromisión del Ejecutivo en la autonomía de la Caja en este paquete de reformas.

En este escenario entra la opinión del economista Juan Jované. Estuvo al frente del Seguro Social y conoce de las facultades y las presiones que recibe la persona que ocupa la posición de director general.

Para él, será el Ejecutivo el que decida que hacer con el tema de las compras en la Caja, restándole facultades a un organismo que representa a los accionistas de esta entidad.

Al igual que González considera “peligroso” eliminar los contrapesos en esta institución. “En nombre de la transparencia y en nombre de la necesidad de que la Caja tenga autonomía no me parece factible este cambio”, sentencia.

En medio del análisis de los pro y contra de estas reformas, ésta se mantienen “en pausa” desde febrero pasado. Aún persisten las largas filas de madrugada para conseguir una cita médica, las farmacias del Seguro siguen desabastecidas y las groserías del personal siguen siendo la tónica predominante en los centros de atención del Seguro. El presidente Martinelli tiene la palabra.