Gómez no reclama prerrogativas

Apoyándose en las declaraciones del Defensor del Pueblo, Ana Matilde Gómez Ruiloba reiteró este miércoles en TVN que la solicitud de seguridad “no es un tema de privilegios ni prerrogativas con los cuales se ven beneficiados funcionarios como los procuradores”. Ella lo que pide es que el Gobierno sea consecuente con el proceso que ha entablado contra ella, porque “si mi suspensión es temporal, como dice el Código, sigo siendo la Procuradora General de la Nación y tienen que comportase en consecuencia”.'

Prerrogativas que vienen con el puesto son los 100 galones de gasolina al mes para un auto diferente al que utiliza en su trabajo, la exoneración de impuestos para la importación de un auto cada 2 años, cosas que jamás utilizó. Las franquicias como el teléfono, o el pasaporte diplomático, esos también son privilegios, pero ella no está solicitando nada de eso. “El tema de la seguridad es un tema del que es responsable el Estado”.'

Discrepó con el temperamento que sacan a relucir ciertos personeros del Gobierno cada vez que ella hace declaraciones en los medios, pero “yo no hablo contra el Gobierno, no señor, yo no hablo contra el Gobierno, porque yo estoy muy clara de cuál es mi papel como funcionaria. Lo cierto es que yo sí puedo hablar de mi caso todo lo que considere, aunque piense que rebasa la parte jurídica, porque yo soy la parte afectada y tengo total facultad legal para hablar de mi caso”.'

Le pareció correcto que el ministro Demetrio Papadimitriu dijera que él nunca dio la orden para suspenderle al último escolta que mantenía, “porque así podrá sugerirle al Presidente, que como jefe de la Policía, y de acuerdo a la Constitución, considere la medida y tome los correctivos”. En su caso, dijo, son el director de la Policía, Gustavo Pérez, y el ministro de Gobierno y Justicia, José Mulino, además del Presidente de la República, quienes pueden tomar decisiones en cuanto a su seguridad.'

Haya venido de quien haya venido la orden, es una insensatez de parte de quien lo haya hecho sentenció, porque el Estado es responsable de lo que le pueda pasar a ella mientras ocupe el cargo, lo mismo que a su familia.'

Negó que haya tenido alguna vez 20 escoltas, y mucho menos que los esté solicitando en este momento, porque sólo le acompañaban un chofer y el escolta. “Vayan a ver lo que hay ahora en la Procuraduría, él tiene mucho más personal que el que yo tenía. Ellos sabrán cuánto se le destina, cuánto necesitan, si su familia es más extensa que la mía, si sus necesidades son más complicadas que las mías, si su vida está más expuesta que la mía, no lo sé, lo cierto es que apelo a que sean consecuentes con las medidas, porque si mi suspensión es temporal, las obligaciones del Estado siguen siendo las mismas; nunca hice uso de las prerrogativas de mi cargo, no se me ocurriría hacerlo ahora”.'

PROCESO DILATADO

En cuanto al proceso que se le sigue, expresó que el procurador encargado Nelson Rojas decidió suspenderlo una vez que ella presentó una medida de nulidad, por lo que sigue a la espera de su indagatoria. “Quiero mi juicio público, donde podamos debatir las particularidades de mi caso, porque es un exabrupto jurídico que, desde mi punto de vista de profesional del derecho, se insista en aplicar un caso de inconstitucionalidad de manera retroactiva, y darle a eso prueba sumaria para un delito que requiere dolo desde el momento en que se actúa”.'

SUS DECLARACIONES EN CARA A CARA

El pasado domingo la procuradora Ana Matilde Gómez argumentó en el programa Cara a Cara que el Gobierno está actuando a lo Poncio Pilatos, lavándose las manos. Dijo además que se siente víctima del sistema, “porque su caso no ha sido tratado con estricto apego a la ley, pero en materia de debido proceso y en un estado de derecho, las formas son tan importantes como los resultados”.'

El domingo expresó que quiere acudir a un debate público, porque no le tiene temor a la audiencia, “quiero enfrentar a mis jueces naturales, quiero enfrentar a la cara a ese juez que dice que yo soy peligrosa y que actué con dolo, y que me describan qué es lo que los mueve a acusarme más allá de la embestidura del cargo que tienen... no veo la razón de sostener la separación del cargo. La Corte me va a tener que contestar cuál es la razón de mantenerme suspendida, cuál es la prueba que no pueden conseguir”.'

Reconoció que la pena que se le imputa es de 6 a 18 meses o días multa, pero “el mensaje que les vuelvo a mandar a las personas que están orquestando esto, es que si este país está tan torcido que las personas decentes deben ser condenadas, yo voy a ir a la cárcel, porque mi casa no es una cárcel para mí. Invito a los ciudadanos decentes que me acompañen el día que se atrevan a culparme, para que yo vaya a cumplir mi pena al Centro Femenino de Rehabilitación.