Un rascacielos bajo sospecha

PANAMÁ. Hablar de la torre financiera o la ‘Tuza’ es hablar de un proyecto que desde sus inicios ha motivado choque de argumentos por todos lados.

En una esquina, los defensores del patrimonio denuncian que el rascacielos (que de erigirse sería el más alto de Latinoamérica) afectará tanto el valor patrimonial como la funcionalidad del Hospital Santo Tomás (HST), declarado patrimonio histórico en 1986.

Pero en el otro canto, el ministro de Economía Alberto Vallarino, y todo el aparato gubernamental, insisten en que la obra tiene más bondades que la sombra que los detractores ciernen sobre ella.

La controversia por el proyecto, que se levantará sobre los terrenos de la antigua embajada de Estados Unidos, ya llevó a sus opositores a denunciarla ante la Procuraduría de la Administración. Pero el proceso allí se ha frenado.

Los cuestionamientos también han surgido por el millonario gasto que significa construir la torre financiera. Aunque la mayoría de los 260 millones de dólares que cuesta saldrán del sector privado, el Estado ya ha desembolsado al menos 33 millones de dólares entre planos, valor de terrenos y demolición. Algo que los críticos han considerado como un malgasto en momentos en los que la clase media y baja demandan mayor inversión.

Sin embargo, el gobierno ha decidido no ceder. Según Vallarino, la torre financiera ‘va’.