Colegio afectado por aguas negras

COLÓN. Estudiantes, padres de familia y educadores fueron reprimidos a empujones y con gases lacrimógenos al realizar una protesta y posterior cierre de la entrada a la ciudad de Colón, cuando exigían a las autoridades la eliminación de las aguas negras que bordean la Escuela República de Bolivia, ubicada en calle 12 Avenida Bolívar.

Hace varios meses, directivos y educadores de este centro educativo habían presentado quejas por las aguas negras que están alrededor de la escuela y que han afectados a los niños, muchos de los cuales presentan problemas en la piel y en las vías respiratorias. El mal olor ha obligado a mantener cerrada la puerta principal del centro educativo.

Durante el cierre de calle, la comunidad educativa se mantenía apostada a media calle y cuando las unidades antidisturbios notaron el tranque vehicular que se comenzaba a formar, procedieron a desalojarlos a la fuerza en una situación que derivó en forcejeos y utilización de gases lacrimógenos.

Durante el enfrentamiento, cuatro docentes resultaron detenidos.

Minutos después, los maestros y profesores realizaron un piquete en las instalaciones del Municipio de Colón, en donde hicieron entrega de un comunicado al alcalde del distrito de Colón, Dámaso García, para que liberaran a los educadores y seguidamente se trasladaron hasta la sede de la Policía Nacional, donde habían sido llevados los detenidos.

Nuevamente los educadores se trasladaron al Municipio de Colón, en donde se tomaron las instalaciones y aseguraron que permanecerían allí hasta que liberaran a sus compañeros.

Felipe Cabeza, dirigente de la Asociación de Profesores Veragüenses, aseguró que a la lucha se unieron los educadores del IPTC Porfirio Meléndez, así mismo están reunidos los de la escuela de María Chiquita, Gatuncillo, y se informa que, de no obtener respuesta, decretarían un paro provincial para el día de hoy.

El profesor Cabeza agrega que se le ha informado que sus colegas serán remitidos a la DIJ, donde serán afiliados, situación que no pueden permitir porque, advierte, ‘son docentes, no delincuentes’.