¿Es hoy Panamá menos homofóbica?

PANAMÁ. Es un tema que como sociedad, por lo menos de manera pública, nos resistimos a tratar por temor al estigma, por ignorancia o por indiferencia.

En una oportunidad un conocido político y ex ministro de Gobierno y Justicia destapó una olla de grillos cuando, más o menos, sentenció que en cada hogar panameño había uno de estos seres discriminados. Los sombrerazos que le llovieron entonces provocaron que este análisis sobre los derechos de esta ‘minoría social’ fueran postergados.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sido severa y ácidamente criticada por ignorar esta problemática social por décadas enteras. Justamente este mismo año, específicamente en noviembre pasado durante el período de sesiones de su Asamblea General, hubo toda una maquinación interna para evitar que se incluyera en la discusión resolución alguna sobre los derechos de estas personas.

Como era de esperarse el tema se trató superficialemente, gracias a la presión ejercida por representantes de la comunidad islámica, que es -tal vez- la sociedad que aún mantiene vigentes sanciones extremistas para las personas declaradas culpables de delitos relacionados con la conducta homosexual.

Hace unos cuántos días, y por primera vez en su historia, la ONU se refiere al tema con la presentación desu Informe sobre los ‘derechos de los LGTB’ (lesbianas, gais, trans y bisexuales). En él advierte que 76 países mantienen leyes que castigan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

De acuerdo al documento, desde el año 2000, Panamá integra el grupo de países que ha derogado las leyes que penalizan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos. En algunos casos, los tribunales han anulado las leyes, en otros, la derogación es el resultado de un proceso legislativo. En el contexto del examen periódico universal, varios Estados - entre ellos Mauricio, Nauru, Palau, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles - han aceptado las recomendaciones de la despenalización de la homosexualidad.

Organismos especializados estiman que el uso de la pena de muerte por actos no violentos, incluyendo las relaciones sexuales consentidas entre adultos, constituye una violación de los derechos humanos.

Internacionalistas consultados por La Estrella creen que esta ‘movida’ de la ONU responde a la iniciativa del gobierno de Barack Obama de ‘hacer justicia’ a millones de estadounidenses e inmigrantes que son víctima de discriminación por su orientación sexual y no por combustión espontánea.