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01 de Dec de 2020

Nacional

Un proyecto no definido, pero con contrato firmado

PANAMÁ. El 19 de mayo pasado, el ministro de Obras Públicas (MOP), Federico José Suárez, rubricó el contrato para la construcción de la ...

PANAMÁ. El 19 de mayo pasado, el ministro de Obras Públicas (MOP), Federico José Suárez, rubricó el contrato para la construcción de la tercera fase de la Cinta Costera con la empresa Norberto Odebrecht por un monto de 776 millones 918 mil 389 dólares.

Dos meses antes de la firma del acuerdo ‘llave en mano’ (marzo), se había realizado el acto de licitación pública cuyo pliego de cargos hacía referencia a la construcción de un túnel para conectar la avenida Balboa, en Calidonia, con la avenida de Los Poetas, en El Chorrillo, lo que se denomina tercera fase de la Cinta Costera.

Sin embargo, el MOP dejaba en el documento una ventana abierta que permitía que la empresa ganadora cambiara de alternativa. A principio del pasado mes se determinó oficialmente que será un viaducto y dos rellenos los que compondrán la tercera fase de la vía costera. Una de las interrogantes que saltaron a la luz pública por la modificación de la propuesta original es el costo que pagará el Estado.

El gobierno variaba su propuesta, pero la única referencia oficial sobre el precio fueron las declaraciones del propio presidente de la República, Ricardo Martinelli, que consideró que el túnel era muy costoso. Lo dijo tres meses después de la licitación por 776.9 millones de dólares.

PRECIO Y EVALUACIÓN

El MOP dio la semana pasada un giro sobre el costo del proyecto. ‘Una vez que se haya culminado los estudios de la alternativa vial mixta [viaducto y rellenos] se dará a conocer el diseño final, con todas las consideraciones evaluadas con su respectivo costo’, indicó la entidad en un correo electrónico el pasado viernes.

El nuevo precio que pagaría el Estado deberá cumplir con lo indicado en el pliego de cargos. Es decir, que no puede exceder el costo referido para el túnel, recalca la información del MOP.

El MOP hacía referencia al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que actualmente es analizado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

‘La ANAM debe emitir sus consideraciones las cuales deberán integrarse a los estudios finales del proyecto. Una vez se hayan culminado estos estudios, se dará a conocer el monto del nuevo diseño’, explicó el MOP en el correo.

Silvano Vergara, subadministrador de la ANAM, dijo que aún se debe resolver el recurso de nulidad que se presentó en contra del foro público del EIA para evaluar el documento.

ALGO INUSUAL

Los cuestionamientos de la sociedad civil organizada en contra del proyecto han sido diversos, pero concentrados en el temor de perder la categoría de patrimonio de la humanidad del Casco Antiguo. El viaducto bordea el sitio colonial.

Para Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, no es habitual en una licitación que el pliego de cargos establezca la opción de una propuesta alternativa. Además, explicó, la mencionada propuesta no se presentaría sobre la base de estudios oficiales.

Gasnell agrega que el costo de la obra tampoco está claro. Si desde el principio el Gobierno quería hacer el viaducto y los rellenos, se debieron realizar todos los estudios necesarios para que ese diseño sirviera de base para la presentación de propuestas, continúa analizando. Eso sí —aclaró— tomando en cuenta a los ciudadanos y a la Unesco. Lo que ha habido, recalcó, es una falta de planificación, de coordinación y de respeto a las normas.

En tanto, Patrizia Pinzón, presidenta de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, va más allá de las diferencias del costo de la construcción de un túnel con el del viaducto. A su juicio, el precio de la licitación para la construcción del túnel está inflado y así se lo han hecho saber expertos internacionales, según dijo.

Para Pinzón, está claro que lo que el Gobierno busca es gastarse 776.9 millones de dólares porque, aunque el presidente Martinelli ha dicho que el túnel es costoso, fue licitado y adjudicado así.

El contrato firmado por el ministro Suárez con la constructora establece que el 31 de julio de 2012 el Estado desembolsará el 25% del monto total de la obra. El Gobierno debe garantizar que la cifra estará en el presupuesto del MOP.

Pero eso no es todo. La empresa puede solicitar un anticipo del 15% del valor del pacto.