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28 de Jun de 2022

Nacional

Demandas por violación a la Constitución Nacional

PANAMÁ. El servicio de telefonía celular en las áreas de San Lorenzo y Tolé se mantendrá suspendido, advirtió ayer el ministro de Seguri...

PANAMÁ. El servicio de telefonía celular en las áreas de San Lorenzo y Tolé se mantendrá suspendido, advirtió ayer el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. Y es que desde el pasado viernes, pasadas las 7:00 de la noche, el escenario de las protestas protagonizadas por los indígenas ngöbe buglé se encuentra incomunicado producto de una orden que, en opinión de juristas, no cumplió con el procedimiento que establece la Carta Magna.

De acuerdo con el exprocurador Rogelio Cruz, con la orden procedente del Ministerio de Seguridad ‘se violó la Constitución de la República’. Además, se incumplió con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y prohíbe cortarla sin justificación.

Cruz precisó que el Estado podría enfrentar demandas internacionales por violación a la libertad de expresión.

DEMANDAS

En medio del caos y las protestas callejeras que hasta ayer alteraban la tranquilidad del país, el opositor partido PRD interpuso ante la Procuraduría de la Nación, una denuncia por lo que consideran una serie de derechos constitucionales que han sido violados. Zulay Rodríguez del Frente de Abogados del colectivo responsabilizó a las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes una serie delitos y violaciones constitucionales por lo que solicitan que se investigue. Homicidio, uso ilegal de armas para control de manifestaciones, abuso de autoridad, violación a domicilio, violación a los derechos humanos, entre otros, mencionó. Pidió que se abra un expediente y se sancione a las autoridades que resulten responsables. La Asamblea Ciudadana, organización que integran más de ochenta grupos y particulares, también hará lo propio y hoy demandará al Estado por su actuación.

PROCEDIMIENTO LEGAL

Roberto Troncoso, abogado y activista de los derechos humanos, coincide con el exprocurador Cruz. Explicó que el procedimiento adecuado requería de una sesión del Consejo de Gabinete y una resolución con la firma de los ministros, previa declaración del ‘estado de emergencia’ para poder proceder a suspender las comunicaciones. Dijo que ‘no se puede pasar por encima de la Constitución’.

Asimismo, Troncoso señala que hay personas alejadas al conflicto que estremece al país y sus comunicaciones también se han visto afectadas.

En este sentido, en la tarde de ayer en las redes sociales circularon mensajes sobre la posibilidad de suspender las garantías constitucionales. ‘Eso es falso’, así de categórico respondió a La Estrella el vocero del Estado, Luis Eduardo Camacho. ‘Eso no se ha considerado’.

LA ORDEN DE SUSPENDER

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, asumió la responsabilidad. Reconoció que giró las instrucciones a la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), entidad encargada de los servicios públicos -entre ellos la telefonía e internet- y que comunicó a las empresas telefónicas la decisión del gobierno.

Se solicitó a la Asep la base legal o el despacho mediante el cual se pidió la suspensión de la cobertura de la señal en área de conflicto; sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Se hicieron llamadas a la jefatura de información y se envió un correo electrónico pidiendo detalles al respecto, la única respuesta fue un correo de vuelta en el que reiteran las declaraciones de Mulino ante la suspensión de las comunicaciones.

La última versión de Mulino apunta a que la seguridad estaba en peligro; no obstante, de acuerdo al exprocurador Cruz, ‘ningún tipo de peligro justifica la violación de los derechos humanos’ y agregó que el Ministerio Público tiene el deber de hacer una investigación de oficio.

Pero el derecho a la información también ha sido vulnerado. El Colegio Nacional de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodismo rechazaron la acción, que desde el viernes interrumpe la comunicación y advirtieron que ‘el coartar la libertad de comunicación, cerrando las vías de la telefonía móvil e internet, es un agravante que pone en peligro nuestras libertades y el derecho a información’, lo que afectó el deber de los periodistas de mantener informada a la población.