Defensa pone en duda auditoría clave en el caso contra Carrizo

La defensa del exvicepresidente José Gabriel Carrizo centró su estrategia en desmontar la imputación por presunto enriquecimiento injustificado, cuestionando la auditoría de la Contraloría General de la República, la rapidez con la que avanzó la investigación y la afirmación del Ministerio Público de que existía riesgo de fuga.

Durante la audiencia celebrada ante la jueza de garantías Oris Medina, los abogados Roberto Moreno, Pedro Meilán y Leonardo Aparicio, parte del equipo defensor, aseguraron que el informe en el que se sustenta la imputación presenta inconsistencias técnicas, duplicidad de cifras y falta de un análisis financiero exhaustivo.

Cuestionamientos al informe de la Contraloría

Aparicio explicó que la auditoría fue cerrada el 16 de enero y contiene más de 2,000 registros de carácter financiero, lo que, a su juicio, hace inviable que haya sido revisada de manera adecuada en un plazo inferior a 24 horas.

“Cualquier financista sabe que es imposible revisar más de 2,000 movimientos financieros en menos de 24 horas. Aquí hay una duplicidad de fondos que es lo que termina sosteniendo una supuesta lesión patrimonial”, afirmó.

El abogado calificó el informe como inconsistente y sostuvo que la Contraloría habría incurrido en errores que inflaron artificialmente el monto del presunto enriquecimiento.

Asimismo, rechazó el argumento del Ministerio Público de que no existía una investigación previa, señalando que Carrizo ha sido objeto de indagaciones por enriquecimiento injustificado desde hace más de un año.

Entrega voluntaria y rechazo al riesgo de fuga

Uno de los ejes centrales de la defensa fue refutar el supuesto riesgo de fuga. Aparicio afirmó que Carrizo decidió regresar voluntariamente al país tras conocer, a través de redes sociales, la existencia de una orden de aprehensión.

Según relató, la noche del 26 de enero, el equipo legal notificó formalmente a la Fiscalía que Carrizo arribaría a Panamá el 27, lo que, aseguró, explica el despliegue de seguridad que se observó en el aeropuerto.

“Él pudo haber ido a cualquier otro país, pero decidió venir a Panamá, presentarse y enfrentar el proceso. Eso demuestra que no existe riesgo de fuga”, sostuvo.

La defensa insistió en que Carrizo no fue capturado de manera sorpresiva, sino que se puso a disposición de las autoridades, y consideró innecesaria y desproporcionada la orden de aprehensión emitida en su contra.

Rapidez del proceso y fase incipiente

Aparicio también cuestionó la velocidad con la que se adoptaron decisiones procesales. Señaló que la investigación formal inició el 19 de enero y que cuatro días después, el 23 de enero, ya se había ordenado una aprehensión, sin que, según dijo, existiera un análisis profundo del informe de la Contraloría.

Indicó además que fue la propia jueza quien preguntó a la Fiscalía si había solicitado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses un análisis técnico independiente de los montos señalados en la auditoría, aspecto que la defensa considera clave para esclarecer los hechos.

Durante la exposición de estos argumentos, Carrizo permaneció atento a la intervención de su abogado, moviendo la cabeza en señal de asentimiento y apoyando una mano sobre la barbilla mientras escuchaba.

Medidas cautelares y apelación

Aunque la jueza impuso como medida cautelar la retención domiciliaria, la defensa anunció que también apeló la decisión, al considerar que Carrizo puede enfrentar el proceso con medidas menos restrictivas, como la notificación periódica, dado que —según sostienen— no existe peligro de fuga ni riesgo de afectación a la investigación.

“Sabemos que se trata de un caso serio y de un delito grave, pero él quiere participar del proceso y enfrentar esta situación dentro del marco de la ley”, concluyó Aparicio.

La audiencia para resolver dichos recursos quedó programada para el jueves 12 de febrero, a las 8:30 a.m., en la Sala 3 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.