Cómo la Fiscalía calcula el presunto enriquecimiento de $1.9 millones de Carrizo

La imputación presentada por el Ministerio Público contra el exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo por el presunto delito de enriquecimiento injustificado se sustenta en una auditoría de la Contraloría General de la República que, según la Fiscalía, detectó un incremento patrimonial no justificado de 1.9 millones de dólares durante su ejercicio como alto funcionario del Estado.

La audiencia de garantías, celebrada la tarde del martes ante la jueza Oris Medina, inició a las 5:05 p.m. y se desarrolló en una sala donde se encontraban 11 personas, todas familiares del imputado. Minutos antes del ingreso de Carrizo, se escucharon aplausos y gritos desde el público, lo que motivó un llamado al orden por parte del tribunal.

Durante la sustentación de la imputación, la fiscal Patricia Herrera explicó que el análisis financiero realizado por la Contraloría y revisado por el Ministerio Público arrojó que Carrizo registró ingresos aproximados por 7 millones de dólares, mientras que sus gastos y movimientos financieros ascendieron a cerca de 9 millones, generando una diferencia patrimonial que, según la Fiscalía, no fue debidamente justificada.

Ingresos declarados y análisis patrimonial.

De acuerdo con la fiscal, el análisis incluyó las declaraciones patrimoniales y los ingresos reportados por Carrizo antes y durante su paso por el Órgano Ejecutivo. La Fiscalía indicó que el exvicepresidente declaró haber percibido ingresos anuales de aproximadamente 180 mil dólares en los dos años previos a su llegada al Gobierno.

Posteriormente, durante su desempeño como ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, sus ingresos se sustentan en salarios y gastos de representación, certificados mediante notas oficiales emitidas por la Presidencia de la República y la Caja de Seguro Social. Estos datos fueron contrastados con información bancaria, registros públicos y otros documentos oficiales.

Según el Ministerio Público, al comparar esos ingresos con los gastos, bienes y movimientos financieros detectados, se determinó que Carrizo habría manejado recursos por alrededor de 9 millones de dólares, frente a los 7 millones declarados, lo que originó el presunto enriquecimiento injustificado de 1.9 millones de dólares.

Entre los elementos evaluados, la Fiscalía mencionó la tenencia de relojes, caballos, tarjetas de crédito, así como movimientos reflejados en cuentas bancarias y registros públicos. La imputación se apoya en la documentación elaborados por la Contraloría General de la República.

Tres hechos y sustento legal

La fiscal Herrera indicó que el presunto delito se configura a partir de tres hechos identificados en la auditoría, los cuales evidencian un incremento patrimonial no justificado. Conforme al Código Penal, el delito de enriquecimiento injustificado se configura cuando el aumento supera los 100 mil dólares, con penas que pueden oscilar entre 6 y 12 años de prisión.

Mientras la Fiscalía detallaba los elementos de convicción, Carrizo permaneció sentado, con la mano apoyada sobre la mejilla, tomando agua y dirigiendo la mirada hacia la mesa del Ministerio Público, sin intervenir durante la exposición.

Viajes y riesgo procesal

Como parte del sustento para la solicitud de medidas cautelares, el Ministerio Público expuso la cronología de los viajes realizados por Carrizo en enero. Según la Fiscalía, el imputado compró boletos el 16 de enero y salió del país en la madrugada del 17, a la 1:24 a.m., en un vuelo con destino a Bogotá, Colombia, para luego trasladarse a Guatemala, sin regresar en la fecha inicialmente prevista.

La fiscal Cedeño señaló que estos desplazamientos, sumados a la capacidad económica del imputado, fueron considerados como elementos que configuran un riesgo procesal de fuga, razón por la cual el Ministerio Público solicitó la detención preventiva provisional.

No obstante, la jueza de garantías optó por imponer retención domiciliaria e impedimento de salida del país, decisión que fue apelada por la Fiscalía. La jueza concedió además un plazo de seis meses de investigación, periodo durante el cual el Ministerio Público anunció que continuará incorporando nuevos elementos probatorios a la causa.

El proceso judicial continuará en instancias superiores tras las apelaciones anunciadas, mientras se desarrolla la investigación penal contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, quien mantiene la presunción de inocencia conforme a la ley.