Por qué la jueza avaló la detención de Carrizo y rechazó frenar la audiencia

La jueza de garantías Oris Medina expuso de forma detallada los criterios jurídicos que sustentaron su decisión de legalizar la aprehensión, admitir la imputación y aplicar medidas cautelares al exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

Durante la audiencia, que inició a las 5:05 p.m., la juzgadora dejó claro que su análisis se realizó con apego estricto a la ley, sin atender a la condición política pasada del imputado, sino a su calidad actual dentro del proceso penal.

“Este tribunal no está analizando al señor Carrizo como exvicepresidente, sino como imputado”, subrayó la jueza ante las partes.

Criterios para legalizar la aprehensión

Al momento de evaluar la legalidad de la aprehensión, la jueza Medina explicó que la normativa exige la concurrencia de tres requisitos fundamentales:

La correcta individualización de la persona aprehendida.

La existencia de una apariencia de delito.

La verificación de que no se hayan vulnerado derechos fundamentales durante la detención.

Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa, la jueza concluyó que estos elementos se cumplían, por lo que procedió a legalizar la aprehensión, aun cuando reconoció que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación.

Asimismo, aclaró que cuando Carrizo salió del país el 17 de enero, no existía una orden de aprehensión ni una orden de conducción vigente, por lo que ese hecho, por sí solo, no constituía una ilegalidad.

Advertencia de inconstitucionalidad y competencia

Durante la audiencia también se debatió una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa, relacionada con la competencia para conocer el caso, bajo el argumento de que Carrizo mantenía prerrogativas por haber ocupado el cargo de vicepresidente.

La jueza explicó que este tipo de recursos deben ser remitidos a la Corte Suprema de Justicia, pero advirtió sobre los efectos procesales que ello podría generar, entre ellos la posibilidad de que el imputado permaneciera detenido mientras se resuelve el planteamiento, razón por la cual optó por continuar con la audiencia dentro del Sistema Penal Acusatorio. Al final el recurso fue enviado a la Corte.

Análisis de las medidas cautelares

Al analizar las medidas cautelares, la jueza ponderó los argumentos de ambas partes. Mientras la Fiscalía solicitó la detención preventiva provisional, alegando riesgo de fuga, la defensa propuso medidas menos severas, destacando que Carrizo se presentó voluntariamente ante las autoridades.

Medina señaló que la investigación se encuentra en una etapa incipiente, por lo que consideró procedente imponer una medida cautelar menos gravosa, consistente en retención domiciliaria e impedimento de salida del país, con el objetivo de garantizar la comparecencia del imputado sin afectar el desarrollo del proceso.

“Corresponde al Ministerio Público profundizar la investigación y robustecer su teoría del caso dentro del término concedido”, indicó la jueza.

Plazo de investigación y apelaciones

El tribunal otorgó un plazo de seis meses de investigación, periodo durante el cual el Ministerio Público deberá incorporar nuevos elementos probatorios que sustenten o descarten la hipótesis del delito.

Tanto el Ministerio Público como la defensa anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas, por lo que la decisión será revisada por un tribunal superior.

La jueza reiteró que la imputación no implica una declaración de culpabilidad y que Carrizo mantiene la presunción de inocencia, conforme a los principios que rigen el proceso penal.