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Actualizado
- 08/03/2012 22:38
Creado
- 08/03/2012 22:38
En una pelea entre dos, gana uno o hay empate. La disputa entre el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino y el director de la P...
En una pelea entre dos, gana uno o hay empate. La disputa entre el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino y el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, por un tribunal disciplinario que juzgue a policías, fue ganada por éste último.
El presidente de la República, Ricardo Martinelli, en su cuenta de Twitter a las 9 de la noche, confirmó este jueves que la Resolución del Gabinete No. 20 del 28 de febrero de 2012 y publicada en la Gaceta Oficial el viernes 2 de marzo de 2012 fue retirada.
"Hemos retirado la resolución de gabinete donde se cambiría el régimen disciplinario de los estamentos de seguridad", dijo.
La confirmación llega horas después de una carta difundida a los medios en la que el ministro Mulino le escribió este jueves la Nota No.DMSP-108-12, al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, quien es secretario del Gabinete, para devolverle todo lo consensuado y explicarle que Martinelli le dijo que el proyecto "no podía ser presentado" ante los diputados tras explicaciones de Pérez.
El titular de Seguridad fustigó a Pérez, se extrañó de su "súbita oposición" al documento y habló de un trabajo por 20 meses con apoyo de la Embajada de Estados Unidos.
El problema se hinchaba. Mulino respondía a unas declaraciones públicas del director de la Policía donde alegaba que "Policía tiene que juzgar a policía" y que "ya hablamos con el señor ministro (Mulino), ya está claro y sabe que ese proyecto no va".
Pero la confirmación de Martinelli deja claro de que lado está; palabras más palabras menos, Mulino decía que Pérez habló con Martinelli "oponiéndose a la iniciativa con argumentos ajenos por completo al espíritu y letra del proyecto".
El ministro quería dejar sentada su posición ante Papadimitriu y agregó que si el presidente ha sido sorprendido en su buena fe, "espero que esta nota y sus profusos anexos sirvan para valorar responsablemente el trabajo que se hizo". Mulino buscaba que el gobernante lo apoyara.
La normativa, que ha muerto en su cuna, establecería un procedimiento de investigación, juzgamiento y sanción uniforme para todos los miembros de servicios de seguridad.
En dos extremos, Mulino aseguraba que próximamente llevaría el documento a los diputados, pero Pérez se aferra a la DRP, que investiga las faltas de los uniformados.
El analista político Edwin Cabrera analizó que la situación es complicada y afirmó "esto es una crisis institucional" por las diferencias en algo ya aprobado.
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