Mulino se cura en salud ‘legalmente’

PANAMA. Las destituciones de la Policía Nacional, justificadas públicamente en TVN por el director Gustavo Pérez como ‘informes de inteligencia que no pueden usarse en juicio’, abrieron múltiples incógnitas respecto a la aplicación de la Ley al interior de la institución. Los cuestionamientos no se hicieron esperar desde el 1 de marzo, cuando el teniente Faustino Acosta narró su caso en los medios, y las historias de los otros 80 policías separados de sus cargos —que esperan en la estación de La Porqueriza el futuro de su carrera— se hicieron evidentes.

El Ministerio de Seguridad ya había tomado cartas en el asunto: el 4 de marzo hizo pública la Resolución del Consejo de Gabinete N° 20 del 28 de febrero de 2012, donde se autoriza al ministro José Raúl Mulino a presentar un proyecto de Ley para la creación del Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria de la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que, según data en el documento, ‘evaluará todos los procesos disciplinarios presentados en contra de los miembros de los estamentos de seguridad Pública que incurran en faltas administrativas’.

‘Esto es bueno para la institución’, afirma uno de los policías destituidos, pues garantiza la posibilidad de tener un debido proceso y no ‘caer en arbitrariedades como sucedió en nuestros casos’.

Quince personas, entre jueces y suplentes, que cumplen con el requisito de no haber pertenecido a ninguna de las fuerzas de seguridad del país, evaluarán pruebas y definirán si existen elementos para imponer una sanción o una destitución a quien se le impute un delito. Sin embargo, la Dirección de Responsabilidad Policial (DRP) se mantendrá como ente investigador.

El objetivo: evitar que las unidades sean juzgadas por sospechas, como ocurrió en el caso de Acosta.

‘Tal vez Mulino busca mitigar la ola de denuncias por las violaciones al debido proceso cometidas por Pérez’, comenta el excomisionado Mauricio Nelson, otro destituido de la institución. Finalmente se evidencia ‘la desconfianza en los procesos administrativos de la Policía’, concluye.