Destituciones sin tregua en la Policía Nacional

PANAMÁ. Gustavo Pérez, ex director de la Policía Nacional, salió de la institución pero no se fue solo. A su pasó se llevó a los agentes que percnotaban diariamente desde el año pasado sin placa, sin arma, sin uniforme, cobrando pero sin poder ejercer, y esperando su sentencia, en la estación de La Porqueriza en Pueblo nuevo. Ellos lo denunciaron públicamente, abriendo múltiples incógnitas respecto a la aplicación de la Ley al interior de la Policía, y pagaron por eso.

‘Antes de salir, Gustavo Pérez ordenó que todos los que estaban en La Porqueriza, fueran destituidos de una vez’, dijo uno de los que recibieron su notificación la semana pasada.

Hoy, los pasillos de La porqueriza están casi vacíos. De los ochenta agentes no hay más de diez.

ART. 184: A QUIEN NO SE ALINEA, SE LE APLICA.

Para los policías destituidos y los abogados, los despidos másivos son pases de factura. El ex comisionado, Mauricio Nelsón, reconocido por su labor contra el narcotráfico en Colón y afectado por éste fenómeno desde hace 19 meses sabe que ‘quien no se alinea, sale de allí’.

Prueba de ello, lo sucedido con los policías relegados en La Porqueriza, a quienes les aplicaron el artículo 184 de la Constitución, que directamente solo puede aplicarse al director porque es funcionario de libre remoción. ‘Ellos, que han hecho carrera policíal debieron pasar por un debido proceso, que incluye investigación y juicio, antes de aplicarles este artículo’, afirmó Flavio Morales, abogado defensor. ‘Aquí se pasó por alto la Ley 18, Ley orgánica de la policía’.

Y se sigue pasando por alto. Incluso con un pie afuera de la institución, con todo el país conociendo la ilegalidad de aplicar arbitrariamente el 184, y tras el intento fallido de crear un Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria de las instituciones de seguridad, que garantizaría la aplicación del debido proceso, Pérez tuvo la potestad de ordenar destituciones después de derogar publicamente dicho proyecto.

UNA JUGADA A SU FAVOR.

Con el proyecto de ley que evaluaría todos los procesos disciplinarios presentados contra los miembros de los estamentos de seguridad Pública archivado, Pérez pudo destituir a los policías de La Porqueriza.

‘Les pasaron la cuenta de cobro por las denuncias públicas respecto a la mala aplicación de la Ley al interior de la institución’, narró Faustino Acosta, el Teniente destituido por ‘informes de inteligencia que no pueden mostrarse en juicio’, como lo dijo el mismo Gustavo Pérez en televisión antes de su sálida y luego que la bola de nieve -generada tras la denuncia pública de la ilegalidad de la destitución de Acosta-, que puso en evidencia las ilegalidades al interior de la policía y las violaciones de derechos en la administración de Pérez.

El Teniente, condecorado por incautar cargamentos de coca y felicitado por el mismo Pérez por su labor contra el narcotráfico en Colón, un día fue enviado a vacaciones en su totalidad y a la vuelta, despedido. Aún con certificados de la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) y de la Junta Disciplinaria Superior, en donde data que ‘no mantiene casos pendientes’, Acosta fue notificado de su destitución.

Aplicándole el Artículo 184 de la Constitución y sin un debido proceso, Acosta salió de la policía a la que había servido por 15 años. En palabras de Gustavo Pérez: ‘se sanciona antes de que se cometa una falta’.

Parece que Pérez no conoce el ‘Nulia poena sine crimene’: No hay sanción sin delito, uno de los principios fundamentales del derecho.

‘No se puede sancionar a nadie en base a sospechas’, afirmó Flavio Morales, el abogado de los destituidos, quienes ni antes ni después de abrirse la caja de Pandora de irregularidades policíales, ‘pasaron por junta disciplinaria’. Aunque, en palabras del Acosta: ‘tenemos certificaciones de la dirección de responsabilidad profesional (DRP) y de la junta disciplinaria superior que datan que no mantienen casos pendientes’.

LAS CARTAS DE PÉREZ

Los policías de La Porqueriza, luego de esperar por meses una asignación, reciebieron la noticia de hacer turnos en los pasados carnavales. Sin embargo no les darían la placa, ni el arma, ni los uniformes. ‘Así nadie puede aceptar turnos’, confesó uno de ellos. Entonces explicaron sus razones. La respuesta fue inmediata: ‘que hicieran cualquier cosa, recoger basura o lo que fuera’. Eso es indignante, ‘somos hombres de carrera’, dijeron. Y se negaron.

Según sus testimonios, ‘Gustavo Pérez se enojó y preguntó ¿Porqué no nos habían botado a todos?’ La Estrella tuvo acceso a información donde data que el ex director empezó a mandar notas al Ministerio de Seguridad para que ratificaran rápido las destituciones.

Allí, conociendo el artículo 103 de la Constitución, donde consta que legalmente solo se puede destituir a un miembro de la Policía Nacional cuando ha sido condenado por la comisión de un delito doloso que conlleve pena de prisión o por decisión disciplinaria, tras la violación de la Ley, estaban ‘aguantando los expedientes hasta que saliera el proyecto de ley derogado’.

Entonces, Pérez siguió con las cartas. Envió alrededor de cuatro notas al presidente Ricardo Martinelli para que ‘le agilizaran las destituciones’. Luego, intentando justificar las violaciones al debido proceso, dijo públicamente que los policías estaban siendo destituidos con base en ‘informes de inteligencia, confeccionados por la Dirección de Información Policial (DIP), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Consejo de Seguridad’.

Según el artículo 119 de la Ley 18, la única dirección que puede investigar a los miembros de la Policía es la DRP, encargada de investigar, de oficio o por denuncia personalizada, las violaciones de los procedimientos policiales y los actos de corrupción.

Entonces, ¿cuál es la justificación del artículo 184? Para los policías destituidos es claro que ‘se utilizó para crear un clima de terror entre las unidades y eliminar del sistema a las que estaban en contra de las ideas del ex director’.

¿Y MULINO QUÉ?

Con todas estas irregularidades, aún siendo un ‘civilista’ profesional del derecho, que promovió el proyecto de Ley que garantizaría el debido proceso, y conociendo que en el 85% de los casos de los agentes de La Porqueriza este proceso no se ha realizado, el Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, firmó las destituciones recomendadas por Pérez antes de su sálida de la Policía.

La historia denunciada por Acosta se repite. Más de 50 unidades salieron la pasada semana sin haber ido a una junta, ni tener casos en la DRP o en la Junta Disciplinaria Superior.

Para los entendidos en el tema, viene es un panorama fácil de predecir: los policías destituidos tienen a su favor argumentos para revertir las decisiones en su contra y esto se traducirá en millones de dólares en indemnizaciones y salarios caídos. La incógnita que permanece es ¿Por qué en el Ministerio de Seguridad sabiendo esto avaló las destituciones? Para llegar a la respuesta el camino apenas comienza.