El escándalo que tiene a Martinelli contra la pared

PANAMÁ. Seis helicópteros, 19 radares, un sistema cartográfico digital y el esbozo de un proyecto de cárceles modulares son las piezas de un rompecabezas que ha sumido al gobierno de Panamá en una sombra de supuesta corrupción que no halla frontera, y que desde hace un año lo tiene arrinconado a la pared.

Lo hace aquí, en Roma y en la mesa de los fiscales de Nápoles. Lo hace porque investigadores italianos creen que figuras del gobierno habrían sido sobornadas para comprar esos aparatos de seguridad a una compañía que ya ganaba fama por acalorar un ‘fondo negro’ internacional: el coloso industrial Finmeccanica.

Aquí todo empezó el 7 de noviembre de 2011, un día en el que el gobierno, desprevenido de la tormenta que se le posaría encima, respondía al caos. Gremios protestaban por su interés de impulsar un proyecto de ley que creaba el régimen público-privado. A la par, el presidente Ricardo Martinelli se sacudía el escándalo del terreno de Paitilla, y con el ingreso del metrobús a las rutas troncales de Don Bosco, le metía propulsión a una de sus ‘imperdonables’.

‘Panamá paga 60% más por radares’, tituló La Estrella esa jornada. El gobierno, por casi una veintena de radares tipo Lyra 50 pagaba más que Turquía y Yemen. Once meses después, el escándalo no acaba.

Los fiscales napolitanos Henry John Woodcock y Vicenzo Piscitelli

rastrean el camino de posibles coimas para la concesión del contrato por 250 millones de dólares, pesquisas que arropan a figuras del círculo más cercano al exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, al gobierno panameño y de la más alta esfera de poder de Finmeccanica.

CUANDO SE CAYÓ EL VELO

Septiembre de 2011. En Roma relucía un escándalo de chantaje a Berlusconi, a cuentas de uno de sus íntimos, Valter Lavitola.

Aquí eso no tuvo mayor trascendencia hasta que se conoció el secreto mejor guardado del oficialismo: Lavitola era el hombre de Berlusconi y de Finmeccanica en Panamá. El que negoció los millones y quien se reunía con la más alta esfera de poder político en nombre de Italia. Esos roces, revelaron La Estrella y La Prensa en abril pasado, le convidaron a sugerir sobre el próximo administrador del Canal y a solicitar a Martinelli nombrarlo como plenipotenciario en Roma, algo que nunca terminó de ser.

Incluso, tras las frecuencias con el círculo más poderoso del país, allegados a Lavitola —a través de empresas y personajes vinculados a Finmeccanica— se atornillaron en Panamá. Por ejemplo, el hermano de Paolo Pozzessere, exdirector comercial del coloso italiano, abrió un hotel y restaurante en el corazón del Casco Viejo, bajo una compañía asesorada legalmente por una firma de abogados copropiedad del ministro José Raúl Mulino.

EL ‘ERROR’ VELOCCI

El escándalo Lavitola comprometió seriamente al gobierno de Panamá cuando el congresista italiano Elio Lanuti abogó en el parlamento de su país por la apertura de una investigación a los contratos de Finmeccanica (a través de sus subsidiarias Selex, Augusta Westland y Telespazio) con el istmo.

Poco después al affaire ítalo-panameño más grande de lo que va del siglo recibió otro golpe: el italiano Mauro Velocci, invitado por Lavitola a la red de negocios ítalo-panameña que se tejía a cuentas de Finmeccanica, filtró una serie de correos entre Martinelli, su asistente personal, y el propio Lavitola, que dejaba ver un supuesto acuerdo para que el coloso industrial entregara un helicóptero a la familia presidencial, por la firma del millonario contrato.

Velocci desató al furia del gobierno. ‘Es un drogadicto’, se quejó Martinelli (Ver nota: ‘La ‘novela’ que el gobierno no protagonizará). Entregó los correos por la desición del gobierno de no impulsar su proyecto de cárceles modulares en La Chorrera por ‘ser muy caras’ y por ‘prioridades’. Ese contrato, de paso, ponía bajo la sombra de la corrupción a la entonces ministra Roxana Méndez.

Según Velocci, Svemark, la compañía que pretendía el contrato de cárceles modulares, había desviado 670 mil dólares en concepto de ‘soborno adelantado’ para funcionarios panameños.

Los fiscales napolitanos, según publicaciones italianas, identificaron a un empresario de nombre Rogelio Oruña, quien habría recibido 16 mil dólares de parte del representante de Svemark, Ángelo Capriotti, para Méndez.

Los investigadores, a la par, introdujeron a Velocci como testigo de las pesquisas, le confiscaron su computadora y teléfono celular, y giraron cargos por corrupción internacional contra Lavitola y Paolo Pozzessere, por las ventas de Finmeccanica a Panamá.

El testigo del escándalo contó luego a La Estrella que entre Lavitola y Martinelli habría un acuerdo para entregar 23 millones de dólares como supuesto soborno. El pago totalizaría 30 millones.

El resto se entregaría a Martinelli como un helicóptero de piel Hermes, valorado en ocho millones de dólares, publicó el rotativo italiano La Repubblica, de la transcripción de una conversación telefónica entre Lavitola y Pozzessere, de agosto de 2011, y que había sido interceptada por los fiscales.

La Fiscalía de Nápoles lo confirmó la semana pasada, en la orden con la que arrestó a Pozzessere en Roma.

EL ROL DE AGAFIA CORP.

Pero, ¿cómo y por qué los precios del negocio de Finmeccanica-Panamá alcanzaron cifras exhorbitantes y trascendió hasta las esferas judiciales italianas? Aunque la respuesta no es concreta, investigaciones periodísticas de La Estrella, La Prensa y los principales rotativos italianos, apuntan a una mezcla de empresarios embonados al poder panameño y, según los fiscales napolitanos, de comisiones ilegales.

El 7 de diciembre de 2011 un comunicado de Preisdencia introdujo al escándalo a la sociedad panameña Agafia Corp. Los voceros oficiales difundieron una carta de Selex —la fabricante de los 19 radares— que anunciaba el cese del contrato para ‘promoción de venta’ con la compañía local.

Esto confirmó las denuncias de la oposición política de sobreprecios por comisiones, y desenmarañó las contradicciones del propio gobierno: mientras el viceministro Alejandro Garúz identificaba a Agafia como ‘representante’ de Selex, Mulino decía no saber nada.

Tras bastidores, Agafia —que se constituyó días antes de la firma del convenio que dio pie a la estrecha relación Finmeccanica-Panamá— fue foco de diatribas. Tenía como directiva a Karen De Gracia, pareja de Lavitola, y era reclamada por un empresario argentino llamado Gustavo Franchella, relacionado, además, a Rogelio Oruña, a través de IBT Group, una compañía que ha obtenido millonarios contratos con el Estado.

Los fiscales italianos, según la agencia de noticias Ansa, piensan que por ahí se pudo haber filtrado las comisiones supuestamente ilegales.

Aunque, según el corresponsal de Prisa en Italia, Joan Solés, en Italia no hay intenciones de investigar a panameños, la agencia de noticias Ansa reportó esta semana que los fiscales están en camino de identificar a los políticos y funcionarios canaleros que, además del presidente Martinelli, tendrían un rol en la trama internacional.