Opositores proponen precauciones por posible ‘camarón’ en colón

Las tierras de la Zona Libre de Colón solo estarían esperando la Ley 72 para entrar en venta.

Al menos así se colige de un correo que llegó ayer a ‘La Estrella’, en el que una compañía de bienes raíces de nombre ‘Gestiones’ anunciaba la venta de terrenos y galeras en la zona franca.

El mensaje, fechado al 16 de octubre, cuatro días antes de la aprobación de la Ley 72, anunciaba la comercialización de terrenos de dos hectáreas ‘con buena ubicación’ a 110 dólares el metro cuadrado.

Pero habían más ofertas. ‘Contamos con lotes más grandes desde US$150 por mt2, si deseas puedes comprar el lote y te hago un llave en mano’, proponía el ‘Grupo Gestiones’, al que este medio intentó contactar ayer, sin resultados.

Justo antes de la difusión del mensaje, en el segundo debate de la Ley 541, que deroga la Ley 72, se temían estos escenarios.

Los diputados panameñistas José Isabel Blandón, Adolfo Valderrama, Miguel Salas y Jorge Iván Arrocha, propusieron que la norma sea de ‘interés público’ y revoque desde el 20 de octubre pasado cualquiera adjudicación de terrenos e inscripción en el Registro Público.

Finalmente, con 57 votos a favor y cero abstenciones, el órgano Legislativo aprobó ayer por la mañana el segundo debate del proyecto 541.

La jornada empezó sobre la medianoche y se extendió hasta poco antes de las 9:00 a.m.

La mayoría en el pleno lo hizo diputados de las bancadas de la oposición, quienes en sus intervenciones cuestionaron la forma y el fondo de la intención de gobierno de vender los activos en la zona franca.

El presidene de la Asamblea se quejó del discurso de los opositores y el ex vicepresidente del Legislativo, Marcos González, defendió a ultranza la actitud del gobierno.

La oposición instó, además, a la conformación de una comisión que investigue los abusos en las protestas en Colón.

Si los pronósticos del oficialismo se cumplen, hoy la abolición de la ley que permite la venta de las tierras de la Zona Libre de deberá ser aprobado en tercer debate y sancionado por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, a su llegada de Vietnam.