Acción de Moncada Luna, criticada por la sociedad

PANAMÁ. Paitilla no tiene qué celebrar. La Navidad le ha caído con un zarpazo de la Corte Suprema de Justicia, que dio luz verde provisional a la construcción de dos polémicas torres en la cima de la vía Italia.

Una resolución firmada el 19 de diciembre último por el magistrado Alejandro Moncada Luna y el suplente de Luis Ramón Fábrega, Efrén Tello, da la espalda a los reclamos de los vecinos del barrio. Los jueces se negaron a suspender temporalmente el cambio de zonificación de las fincas 48821 y 70625, de media hectárea, al no acoger una solicitud presentada por el abogado Eric Prado en agosto.

LAS QUEJAS AFLORAN

Los vecinos de Paitilla enumeran un rosario de problemas con las dos torres: más tranques vehiculares, complicaciones en los accesos a Punta Paitilla, colapso de los servicios públicos y desbordamiento de las aguas negras.

Explican que la cantidad de vehículos en los próximos trabajos, agravará el caótico tráfico existente, incluso temen que un día menos esperado los bomberos, ambulancias y policías no puedan llegar a salvar vidas si fuera el caso.

‘Ya es difícil el tráfico, imagínense con dos torres de 37 pisos, y que en cada apartamento residan entre 4 y 5 personas’.

Denuncian que las autoridades violaron la ley para conseguir la zonificación, en un lugar donde viven personas de la tercera edad.

Además reprochan que la consulta pública, como en muchos casos, nunca fue notificada y se hizo de apuro para aprobar los permisos.

María Isabel Aramburú, residente en la zona, considera un abuso inadmisible con obvios signos de corrupción la decisión tomada por la Corte.

Aboga por acudir a alguna instancia para reconsideración de esta ‘decisión abominable’ e insiste que la consulta ciudadana debe prevalecer y ser respetada.

NO HAY PLANIFICACIÓN

La ambientalista Raisa Banfield—cuya batuta es el urbanismo—pone en contexto que dos mujeres de Punta Paitilla dieron a luz en el camino por el tráfico de esa zona al hospital.

En su apreciación, es un área donde se sobrepasó su capacidad no solo urbanística, sino vial, de estacionamiento, de tragantes sanitarios y la capacidad de agua (hidrosanitario).

Sostiene que en esa zona se ha estado sobrediseñando y no se ha creado ningún espacio de compensación.

‘Es un área que supuestamente es de más alto costo del país, pero que va en deterioro de la calidad de vida de quienes invirtieron allí, por un sobredimensionamiento del área basado en la no planificación’.

Igualmente, la abogada Idalia Martínez se hace eco de la queja de los moradores y refuerza que la consulta ciudadana permite que las autoridades y los afectados logren acuerdos.

La intención de desconocer la consulta ciudadana—como denuncian ocurrió para construir las dos torres de Punta Pacífica—, según Martínez, es al margen de la ley e irrumpe con la tranquilidad de las personas.

Explica que hay millones derrochados, pero la intención no es favorecer a los ciudadanos.

SALVAMENTO DE VOTO

Lo de Paitilla emergió a la esfera de decisión más importante, en vano. Sus vecinos, entre dientes, murmuran sobre los sólidos intereses económicos en la obra, y por ello creen en la premura del Miviot en aprobarle cambios al terreno en el cual se edificarán las torres.

Los edificios serán levantados sobre una roca viva que la empresa Grano de Oro Investment puso en manos de F&F Properties, la que construyó y administra el icónico tornillo de la calle 50. En septiembre este diario intentó una versión de la compañía sin éxito alguno.

En la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo hubo disentimientos. El magistrado Víctor Benavides salvó su voto, al considerar que el despacho sí tenía los elementos para suspender el cambio de zonificación, y por ende la obra.

‘Se puede colegir la necesidad de aplicar una medida cautelar preventiva... hay una presunción palpable de vulneración del ordenamiento jurídico patrio’.

Benavides coincidió con Prado en que hubo fallas en la transparencia del proceso. Resaltó que la convocatoria a la consulta ciudadana no se hizo dentro de los límites del Decreto Ejecutivo 23 de mayo de 2007.