Temas Especiales

03 de Apr de 2020

Nacional

Usuarios de Panamá Oeste temen por paro de transportistas

PANAMÁ. La rapidez legislativa de extender por un periodo indefinido la circulación de 65 busitos pirata en San Miguelito ha llevado a l...

PANAMÁ. La rapidez legislativa de extender por un periodo indefinido la circulación de 65 busitos pirata en San Miguelito ha llevado a los transportistas de Panamá Oeste a suspender el servicio.

La paralización será mañana, miércoles 22 de enero, desde las 12:00 del mediodía hasta las 3:00 de la tarde.

La medida abarcará el distrito de La Chorrera, tanto rutas internas como las que llegan a la ciudad de Panamá; las 11 rutas de Arraiján —como Burunga, Bique, Veracruz, Vista Alegre, Vacamonte, Ciudad del Futuro—, y el distrito de Capira.

Unos 650 buses conforman las distintas prestatarias que funcionan en el Oeste, incluyendo Chame y San Carlos.

Los transportistas han conversado con la ruta Panamá-Colón para que los apoyen. Aún no hay respuesta.

RECLAMOS

El movimiento lo encabeza Eliécer Montenegro, quien exige un subsidio igual al que recibe la empresa colombiana Mi Bus, administradora del servicio de transporte Metrobús, para hacer frente a los gastos de combustible y así no incrementar el costo del pasaje.

Montenegro, quien es secretario general del Sindicato de Conductores de Automotores de La Chorrera (Sicamoch), solicita un subsidio de 15 centésimos para el pasaje de los estudiantes, que pagan 10 centésimos, y 39 centésimos para la tarifa urbana interna, de 30 centésimos (suma equivalente a los 25 centésimos del Metrobús).

Las tarifas en La Chorrera son de 75 y 90 centésimos en buses, mientras los expresos de lujo cobran $1.50. La tarifa mínima en Arraiján es de 45 centésimos, y de Capira a Albrook es de $1.25.

Montenegro solicita ‘prebendas’ como tiene el Metrobús y denuncia que ellos no pagan la placa ni el registro vehicular, que vale $20.

Además, los transportistas rechazan el permiso indefinido dado al ‘transporte pirata’ el pasado 14 de enero con resoluciones de la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, avaladas por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

NO APOYAN PARO

Esperanza Mena, dirigente de la Fundación para la Protección del Usuario del Transporte Público, tiene fe en que haya un ‘diálogo y entendimiento’ de los transportistas con la ATTT.

De hecho, el secretario general del Sicamoch contó que no han tenido respuesta a sus peticiones, pese a que han planteado lo del subsidio desde el 16 de enero.

Mena espera que lleguen a solucionar sus diferencias para que no afecten a los usuarios.

La dirigente citó el artículo 2 numeral 10 de la Ley 34 de 1999, que rige el transporte y señala que el servicio de transporte debe ser eficiente e ininterrumpido.

Mena les recuerda a los transportistas que si solicitan subsidio deben hacerlo ante la Junta Directiva de la ATTT, para que sea sustentado, analizado y votado.

Y si el caso es aumento del pasaje, expresó que ‘no resistimos un aumento más por los trasbordos’.

David Ramírez, del Movimiento 23 de Octubre, secundó a Mena y adujo que las peticiones de subsidio como el Metrobús no son válidas, ya que entre la empresa Mi Bus y el Estado hay una relación contractual.

Ramírez agregó que los transportistas usan ‘presión con coacción’ y deben es sentarse a conversar.

El director de la ATTT, Roberto Moreno, intentará detener el paro al buscar una solución al reclamo de subsidio.

El funcionario considera que se complicará todo si se suspende el servicio y luego coinciden los pasajeros perjudicados con la paralización y los que salen por un transporte a la ‘hora pico’.

SUBSIDIO: EL REPARTO QUE NO LLEGA A TODOS

En septiembre de 2013, la ATTT incluyó en el presupuesto, que rige este año, $100 millones 335 mil para pagar subsidios y servicios a la empresa del Metrobús.

En el informe presentado por la entidad a la Comisión legislativa de Presupuesto se desglosan tres subsidios: el primero es de $88 millones 305 mil destinados a la tarifa del pasaje, $7 millones 985 mil para gastos operacionales (exoneración de piezas, combustible, patios, entre otros aspectos) y $4 millones 45 mil para aportes de interés público.