El arriesgado precio de la libertad de expresión

En 2011, Carlos Atencio y Alexis Charris, del diario La Estrella de Panamá , publicaron reportajes sobre las contrataciones del Ministerio de Salud (Minsa) y la empresa Naves Supply, que preside Lourdes Castillo, nombrada en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por el presidente Ricardo Martinelli.

La información destacaba que el entonces ministro de Salud, Franklin Vergara, había celebrado la contratación con Naves Supply, sin que contara con experiencia en la recolección e incineración de basura peligrosa de centros médicos.

El contrato de $1.2 millones solo abarcaba los desperdicios peligrosos de hospitales y clínicas del Minsa en los distritos de Panamá y San Miguelito.

Castillo, por medio de sus abogados, interpuso dos demandas por las publicaciones: una civil y otra penal. La querella civil fue contra Atencio y Charris (periodista y editor de las notas, respectivamente); Gerardo Berroa (entonces director de La Estrella), Geo Media y El Nuevo Siglo; Magali Montilla (jefa de Información de El Siglo), y Jean Marcel Chery (entonces director de ese rotativo).

En la misma querella se acusó a la empresa recolectora de residuos Auramek Engineering (citada como fuente en la información protestada), al doctor Mauro Zúñiga (a quien excluyeron del proceso) y a Marcel Rivera Machuca, que había denunciado el contrato ante la ANAM. El fallo expresa que la demandante, ‘como consecuencia de la campaña de difamación en medios televisivos y escritos contra ella y Naves Supply, padeció daño moral y perjuicio económico a su empresa’.

Las sociedades Geo Media y El Nuevo Siglo, para las cuales trabajaban los periodistas demandados, no tienen canales de televisión.

Como indemnización, Castillo pidió $150 mil por la afectación moral, $500 mil por daños económicos de Naves Supply y $75 mil por costas del proceso: $725 mil en total.

Castillo también adujo pérdidas por la cancelación de un contrato con una naviera por $1.4 millones y $1.9 millones porque no se le prorrogó la contratación del Minsa.

APELACIÓN DEL FALLO

El fallo, firmado por la jueza Melina Robinson Oro, está basado únicamente en un análisis superficial de las pruebas aportadas por la demandante, expresó José Troyano, defensor de los periodistas y las sociedades Geo Media y El Nuevo Siglo.

‘Al dejar la juzgadora de analizar las pruebas aportadas por nosotros y los demandados, no había otra alternativa que fallar como lo hizo’, agregó el abogado.

Troyano explicó que la jueza no tomó en consideración la función que realizan los periodistas, labor que está regulada y protegida por tratados y convenios internacionales.

‘El fallo desconoce los conceptos jurídicos de la solidaridad de las obligaciones, al condenar de manera solidaria a los demandados, cuando los hechos y actos que se atribuyen, se afirma, surgieron de personas distintas y actos diferentes, sin ninguna relación jurídica entre ellos. Se está condenando a unos demandados por responsabilidades o actos individuales que supuestamente fueron realizados por otros. Esto es de cuidado’, precisó.

Troyano presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior y solicitó practicar pruebas en esta dependencia. ‘En segunda instancia, estamos incorporando pruebas en la esfera penal, como un sobreseimiento a los periodistas por considerarse que no se incurrió en delito alguno por los actos denunciados’, dijo.

Otra de las peticiones del jurista es que el Minsa rinda un informe con todos de los detalles de la cancelación del contrato con la empresa Naves Supply.

Bolívar Alemán, presidente de la Fundación Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, calificó este fallo como un ataque a la libertad de prensa y de información de la ciudadanía.

‘No estoy de acuerdo con esta condena, que no es equilibrada, porque todo el país conocía de la influencia que ejercía Lourdes Castillo en el gobierno que termina el 1 de julio del 2014’, concluyó.

René Hernández, profesor de Ética en la Universidad de Panamá, manifestó que está en contra de las demandas por injuria y calumnia, y más cuando estas se dan en gobiernos autoritarios que en muchas ocasiones hacen que fiscales, jueces y magistrados no fallen en derecho, sino de acuerdo a caprichos’.

Alexis Ballesteros, juez que solicitó llamar a juicio a estos periodistas por delitos contra el honor, denunció que le solicitaron su renuncia ‘por no seguir lineamientos’ en otro proceso.