Cámaras ‘boleteras’: negocio que depende de la Corte

Ayer concluyó la gestión de Roberto Moreno como director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y no se resolvió el recurso de nulidad del contrato de las cámaras boleteras.

El abogado Víctor Martínez solicitó la revisión del documento firmado por la ATTT y la empresa Traffic Safety de Panamá en 2012, cuando un agente le informó que tenía una multa de $50 por exceso de velocidad y cinco más por desacato.

Entonces, Martínez y los demás conductores desconocían la función de los dispositivos instalados en Costa del Este y en la vía que conduce al Puente Centenario.

Martínez pagó la multa y revisó el contrato firmado por Jorge Ricardo Fábrega, entonces director de la ATTT, y la concesionaria.

El abogado concluyó que el contrato, fijado por 10 años más un periodo similar de prórroga, incumplía con los requisitos que se exigen a las concesiones administrativas.

‘Si es una concesión, la empresa debe invertir su dinero y recuperalo luego con los ingresos que genere la actividad. Aquí se disponía el dinero, las multas, que el Estado cobra por ley a manos de una empresa privada. También se les entregaba la base de datos de los conductores’, agregó.

En cuanto a la necesidad de estas cámaras, cuya única misión es imponer multas por exceso de velocidad, Martínez sostiene que estos dispositivos existen en todos los países, lo cuestionable es que bajo este pacto el contratista se quedaba con el mayor porcentaje de las recaudaciones.

Tras estas observaciones del abogado, la ATTT elaboró una adenda sobre los porcentajes: 65% para el Estado y 35% para el contratista. En principio, el reparto del dinero de las penalizaciones era inverso: 65% para el contratista y 35% para el Estado.

Aún así, Martínez presentó la acción de nulidad ante la Corte. El expediente estuvo en manos del magistrado Alejandro Moncada Luna, quien luego se declaró impedido para atender el caso y ahora es tarea de su suplente Abel Zamorano.

Sin resolver el recurso que está en la Corte, el director de la ATTT anunció que las cámaras comenzaron a funcionar el pasado 15 de junio. ‘Aunque él (Moreno) haya dicho que hasta que la Corte falle las sanciones que se impondrán con las cámaras serán morales, no sabemos qué implica ese término’, agregó.

El contratista prometió invertir $3 millones en las cámaras. ‘El contrato no especifica las zonas donde se ubicarían. Tal vez pensaban hacerlo por medio de adenda. Sabemos que hay dos en Costa del Este y otras en la vía que conduce al Puente Centenario’, dijo Martínez.

David Ramírez, presidente del Movimiento 23 de Octubre, mencionó que estas cámaras funcionan muy bien en los países avanzados.

La diferencia en Panamá, subraya el dirigente, es que no somos un país serio y todo se hizo en la ‘oscuridad’, a espaldas de los conductores.

Ramírez agregó que la ATTT no informó a la comunidad ni a los conductores de este proyecto.

‘Las autoridades nunca explicaron cuál era el motivo de la contratación. Si era para disminuir los accidentes de tránsito o era para recaudar dinero. Nunca se hizo docencia de qué era lo que buscaban’, agregó.

Para el dirigente, estas cámaras disminuirán los accidentes en las calles. ‘Los conductores conducirán a la velocidad que indica el reglamento y se evitará que los responsables de colocar las multas reciban dinero de conductores que han violado la disposición de tránsito’, puntualizó.

Esperanza Mena, de la Fundación de Usuarios del Transporte Público, recomendó que se continúe con el proyecto, pero que las ganancias se entreguen a las personas que han sufrido accidentes y sus familiares y el resto de invierta en campañas de concienciación para peatones y conductores.

Mena recomienda que se elaboren campañas urgentes para disminuir la cantidad de peatones que quedan lesionados por los descuidos de los conductores.

TABLEROS MENTIROSOS

Martínez espera que el nuevo director de la ATTT le entregue copia del contrato de los tableros informativos.

Moreno se negó a divulgar esta información, que es de carácter público, lamentó Martínez.

‘Revisaremos ese contrato y si hay alguna anomalía recurriremos a la Corte’, adelanta el abogado.

La finalidad de estos tableros es advertir del peligro del dengue o informar de que una comunidad está a equis distancia de otra. En Carrasquilla se anuncia que se tardarán 15 minutos en llegar a Llano Bonito; sin embargo, este recorrido tarda hora y media.