Temas Especiales

20 de May de 2022

Nacional

El otro lado de la moneda: enseñar antes que castigar

La única forma de romper el ciclo de violencia es trabajando con los más pequeños, enseñándoles otras costumbres.

El mayor Samuel Nieto, encargado de la Policía Comunitaria de El Chorrillo y Santa Ana, no puede ocultar su frustración. Baja la mirada, mueve la cabeza de manera negativa, y habla con un tono de decepción. No importa la cantidad de horas que meta al reloj, el jefe de las 350 unidades siente que en las condiciones en que se encuentra es como si estuviera dormido en plena guerra contra el crimen.

Es pasada la una de la tarde y en el cuartel de la Policía de El Chorrillo se desarrolla una reunión del frente femenino para orientar a las mujeres del barrio sobre sus derechos. Hace un par de años no existían redes comunitarias. Ahora las damas están organizadas, cada miércoles se juntan para exponer sus problemas. Desde junio del año pasado, se ve en cada esquina de las quince cuadras que componen el barrio, una pareja de policías. Tan solo su presencia en las calles ha logrado reducir la tasa de homicidios, heridos y hurtos a la mitad, mientras que los robos han disminuido en un 70%. La estrategia de Nieto ha logrado que los jóvenes bajen su nivel de ensañamiento, pero está convencido de que hay cambios que no va a hacer porque son tarea del gobierno.

La violencia se ha atacado en forma sintomática y ha dado resultados, pero no se ataca de raíz. Es ahí donde nace la frustración del mayor Nieto. Los grupos delincuenciales evolucionan y saben que si la Policía aprieta en casa, mudan el delito a otro sector, como Juan Díaz, San Miguelito, Río Abajo, Arraiján o Colón.

A un lado de la reunión que sostienen las damas, Nieto empieza a desmenuzar las raíces del conflicto. Me muestra la foto de una muchacha de doce años, que vive a unas cuadras del cuartel, posando con una postura desafiante, arma en mano, en una página de internet de la pandilla del barrio. Se pregunta, por ejemplo, dónde están los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social que deberían intervenir con consejería psicológica a estos adolescentes confundidos que viven en hogares donde mamá y papá están más pendientes de la droga que de ellos.

Los jóvenes entre trece y catorce años suelen tener empatía con los mayores del barrio que tienen el control de los autos, de las armas, las drogas, y manipulan a los que van creciendo con dinero. Esa empatía la usan para mandar a los menores a que maten, y estos, por estar bien con ellos, hacen lo que les dicen. Por lo general ingresan a las pandillas a través de alguien conocido, como un primo, un vecino, un hermano. En El Chorrillo, los jóvenes tienden a anticiparse a los pasos de la guerra, saben que tarde o temprano la tendrán en frente. El crimen es casi un asunto hereditario con la complicación de que al policía se le tenía en un concepto represor y a menudo se presenciaba el intercambio de bala entre estos dos bandos.

Más tarde, Nieto explicaría cómo programa una estrategia por cuadrantes con los agentes en la proximidad. Los informes de inteligencia resumen cuatro grandes pandillas con satélites en distintas partes de la ciudad. Cada cabecilla está identificado con nombre y ‘alias’. Hasta cierto punto, así pueden predecir el muerto del día siguiente. Detallan el accionar de las pandillas, las rencillas, su organización y estructura, las maniobras que usan para operar, y las posibles acciones que ejecutará cada una. ‘Pero, lastimosamente, el Ministerio Público camina a cero por hora, mientras el crimen organizado no tiene límite de velocidad’, afirma Nieto.

Señala el mayor que muchas veces sus informes quedan en letra muerta porque la Fiscalía Contra el Crimen Organizado alega que las detenciones no vienen acompañadas de pruebas suficientes. Nieto lo niega.

En el tablero, al costado derecho de su escritorio, hay un organigrama de las instituciones que el mayor tiene como prioridad: Dirección de Investigación Judicial, que le ayudaría a valorar los informes de inteligencia y planear estrategias; la Unidad de Análisis Financiero, que le serviría a ubicar y darle a las pandillas en donde más les duele, en el dinero que ocultan a través de testaferros; el Ministerio de Educación intervendría en la orientación extramuros, podría identificar al 85% de los adolescentes que desertan de la secundaria y caen en la vida del delito.

En este barrio es raro asistir a graduaciones, en cambio, los funerales son una visita común de sus residentes.

La lista de pendientes es ampliamente proporcional a la frustración que siente el mayor.

El Programa de Seguridad Integral se vuelve todo consultoría y estudio, nada de práctica, me explica Nieto. Agrega que no ha visto un real o un programa de los 38 millones que tiene de presupuesto.

Sin embargo, hay algo que a Nieto le calma la furia, es la proximidad que ha logrado la Policía con la vecindad, especialmente que los niños han aprendido a ver al Policía como un amigo y no un represor. Nieto se dispone a mostrarme cómo funciona el ‘ensayo’.

Sale al patio y me pide que entre a la patrulla. Enseguida se aparece un puño de menores sueltos en la calle cuyas edades oscilan entre los cuatro y doce años: ‘Nieto, Nieto, llévame a dar una vuelta’, grita uno de ellos.

El mayor me mostró una de las formas en que se cultivan las relaciones con las nuevas generaciones: en un minuto habían ingresado al carro diez chiquillos, uno sentado en mis piernas, otro adelante con el mayor y el resto apretujados.

Es una manera de borrar las fronteras territoriales que dominan las pandillas. Nieto pretende quitar el miedo de los menores a traspasar de una cuadra a otra, y en el viaje, refuerza lazos con los menores.

–El ambiente de las calles es de basura, casas condenadas y aguas negras producto de un sistema de drenaje colapsado. Esos muchachos viven encerrados en la barraca las 24 horas –me dice Nieto–. Para ellos, ¿quién es el ídolo? ¡El pandillero!– se responde.

Nieto parece un padre putativo de los más de dos mil niños que viven en las quince cuadras de El Chorrillo.

Por donde pasa lo saludan con la mano, se acercan a la patrulla sin temor, le piden favores. Se comunican.

Los niños hacen preguntas y yo respondo. Los temas sobre consumo de droga afloran con cierta cercanía. Una de las niñas de ocho años me cuenta que su mamá consume crispi en la casa, el niño sentado a mi derecha relata un episodio de cómo un vecino se tiró al mar para evitar que la Policía lo detuviera porque estaba consumiendo droga.

Después del paseo, el mayor me lleva a Patio Bonito, unas barracas que habitan familias indígenas. El mayor me cuenta que un mes atrás hubo un caso de venta de un bebé por cincuenta dólares. La mamá era una joven que tenía siete chiquillos y cuando tuvo el octavo, ya no lo quería y lo vendió.

El mayor está consciente de que sus vecinos son personas muy humildes, que con nada los compran, que decirle a un pandillero que deje de vender droga es una utopía, y que sobreponerse a ese ambiente a veces se paga con la vida. Pero en el fondo se esconde algo más pesado: la voluntad gubernamental. Hasta cierto punto, estos muchachos no solo son víctimas de la violencia, también son víctimas de la inacción institucional.