Temas Especiales

23 de Oct de 2020

Nacional

Campesinos de Chepo piden respaldo de CSJ

‘Quemaron nuestras casas, nos golpearon y destruyeron todo lo que sembramos’

Campesinos de Chepo piden respaldo de CSJ
Los campesinos entregaron un pliego de peticiones al presidente de la Corte.

Unas 123 familias campesinas de las comunidades de Piragua, Guakuko y Tortí, que forman parte de la región de Alto Bayano, en el distrito de Chepo, acudieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para solicitarle al magistrado presidente, José Ayú Prado, protección de las agresiones de las que, supuestamente, son víctimas por parte de indígenas emberá que habitan tierras de la comarca Guna de Madugandí y que son limítrofes con los poblados de Alto Bayano.

‘Quemaron nuestras casas, nos golpearon y destruyeron todo lo que sembramos’, dijo Maribel Castillo, habitante de esa región desde hace 16 años.

Según relató Castillo, los indígenas quieren apoderarse de sus tierras alegando que les pertenecen.

Los actuales pobladores de la comunidad de Alto Bayano son ciudadanos panameños procedentes de provincias centrales y aunque aseguran tener más de 40 años de vivir en el sitio, no poseen título de propiedad que así lo confirme, indicó Castillo.

Según la Ley 24 del 12 de enero de 1996, parte de la región de Alto Bayano le pertenece la comarca Guna Madugandí, que se extiende uno 180 mil hectáreas rodeando el río Bayano.

‘No son panameños. Vienen de Colombia y han ido entrando poco a poco a nuestra tierra’, expresó Manuel Espino, que asegura tener 38 años de habitar en Alto de Bayano.

Los campesinos del sitio presentaron a través de su representante legal, José Manuel Saldaña, una petición a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de imponer una medida cautelar administrativa al Estado panameño, luego de asegurar que la responsabilidad del conflicto entre indígenas y campesinos recae en el Gobierno panameño.

‘Lo que estamos reclamando es que se revise la extensión de la comarca. Le hemos hecho el replanteo a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y nos lo ha negado’, señaló Saldaña.

Por su parte, la CIDH ha dado un plazo de 20 días para que los campesinos le entreguen un detalle cronológico del supuesto conflicto y pruebas de las supuestas agresiones, para investigar si se han violado los derechos de los campesinos.