Piden más incentivos y menos castigos para universidades

Eliminar el estilo de confrontación y su carácter eminentemente punitivo es el objetivo de la reforma propuesta por los rectores y la Asociación de Universidades Privadas de Panamá (AUPPA) a la Ley 30 de 20 de julio de 2006, que rige los procesos de evaluación y acreditación de las universidades panameñas.

Durante la pasada administración, el exceso de amonestaciones y castigos recogidos en la ley, unido a las interpretaciones y aplicaciones irregulares de algunas autoridades, crearon un clima negativo entre las autoridades del Ministerio de Educación y la AUPPA, integrada por 16 universidades particulares, indicó Xiomara de Arrocha, rectora de ISAE Universidad y presidenta de la AUPPA.

La propuesta de las universidades para el cambio a la Ley 30 de julio de 2006 está condensada en un documento entregado a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, que espera ser llamado al primer debate.

La normativa vigente, cuestionada por los rectores panameños, contiene exceso de aspectos sancionatorios por falta leve o grave, entre ellos: la amonestación escrita, suspensión temporal y hasta cierre definitivo de la universidad.

Las sanciones están recogidas en el Capítulo IX del Decreto Ejecutivo 511 de 5 de julio de 2010, que reglamenta la Ley 30 de 2006, firmado por el presidente Ricardo Martinelli y la entonces ministra Lucy Molinar.

En base a esta ley, la ministra Molinar ordenó en 2012, el cierre de tres instituciones privadas: la Universidad de La Paz (Decreto Ejecutivo 280 de 20 de abril); la Delphy University (Decreto Ejecutivo 292 de 1 de mayo) y Palladium University (Resolución 157 de 27 de marzo).

OTROS CAMBIOS

En la propuesta, que es paralela a un anteproyecto del diputado Juan Miguel Ríos, prohijado el pasado 17 de marzo, las universidades plantean que el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) y la Comisión Técnica de Fiscalización (CTF) adquieran autonomía.

La CTF es la entidad encargada de preparar los informes de las faltas en que incurran las universidades particulares, para que el Coneaupa aplique las sanciones correspondientes.

‘Ese concepto de fiscalización no cabe en el sistema educativo. Estamos proponiendo cambiar la CTF a Comisión de Desarrollo Académico’, dijo Arrocha.

La rectora también sostiene que los representantes de las instituciones en el Coneaupa deberán tener un perfil académico, lo que incluiría a los ministerios de Educación y de Economía.

El documento también contempla la incorporación de un suplente para el secretario ejecutivo de Coneaupa, que sería elegido por concurso y con los mismos requisitos del principal. La necesidad de este sustituto quedó demostrada tras la renuncia de Marcela Paredes a la Secretaría de Coneaupa en junio de 2014, que hizo quedar a la entidad en acefalía.

Si el proyecto llega a ser aprobado, ‘la educación universitaria panameña podrá avanzar’, arguyó Arrocha.

LEY VIGENTE

El rector Gustavo García de Paredes, presidente del Consejo de Rectores de Panamá (formado por 18 universidades), explicó que la Ley 30 trajo beneficios al mejorar la calidad educativa, pero también presentó ‘gran cantidad de fallas e interpretaciones’.

Según García de Paredes, los rectores y el Ministerio de Educación han unido esfuerzos y han llegado a un consenso para modificar los aspectos lesivos de la ley.

En Panamá, hay 23 universidades acreditadas funcionando, 5 de las cuales son públicas.

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Xiomara de Arrocha

‘ Nos acreditamos, hacemos grandes inversiones y no hay incentivos por parte del Estado’,

PRESIDENTA DE AUPPA