Anteproyecto genera choque de opiniones entre periodistas

El documento, aunque se encuentra en fase incipiente de análisis, ya arranca reacciones de todo tipo. El anteproyecto de ley que presentó el diputado panameñista Juan Moya, con la colaboración del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), y el Sindicato del gremio para reglamentar el ejercicio profesional del periodista y los reporteros gráficos en Panamá ha despertado pasiones.

Entre otros puntos, la propuesta contempla la creación de una Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP) para certificar a los periodistas idóneos y vigilar el cumplimiento de la ley. La misma Comisión se encargaría de establecer un Tribunal Disciplinario. El documento, que reserva el ejercicio solo para los nacionales y obliga a los caricaturistas y reporteros gráficos a optar por un curso de certificación, incluye sanciones penales.

Los proponentes exigen un salario mínimo para los profesionales y mejoras socioeconómicas para los corresponsales nacionales.

Grisel Bethacourt, expresidenta de Conape, manifestó que el anteproyecto se fundamenta en el respeto a la Constitución de la República y normada en el artículo 73, el cual prohíbe la contratación de trabajadores extranjeros que puedan rebajar (por agravio) las condiciones laborales de los nacionales. ‘Es falso (que se quiera) encarcelar a colegas. La campaña de descrédito ha llevado a diversos medios a enumerar supuestas irregularidades sin haber permitido la explicación', arguyó Bethancourt.

Otro de los proponentes, Filemón Medina secretario general del Sindicato, defiende el principio de la CTAP. La certificación obligatoria, explica, ‘avala el título académico y pretende regular a aquellos que no han estudiado la carrera', indicó.

-¿Qué va a pasar con los periodistas empíricos?, cuestionó este diario.

- Nada, respondió. Simplemente que van a presentar un documento del medio que constate al menos cinco años de antigüedad en el oficio. No se ha contemplado qué pasará con aquellos que tengan menos tiempo, agregó.

Medina se mostró abierto a cualquier cambio. ‘No está escrito en piedra', declaró.

Bethancourt también respondió al comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se manifestó contra la ‘obligatoriedad de la colegiación y la profesionalización de los periodistas, y penaliza con cárcel a quienes ejerzan el oficio sin acreditación profesional', según se lee en la carta enviada al presidente de la República.

‘Si la SIP y los dueños de medios no aceptan nuestra propuesta, ¿qué alternativa le damos a las futuras generaciones?, ¿cerrar nuestras escuelas de periodismo?'.

La opinión de Bethancourt contrasta con la de Jean Marcel Chery, expresidente del Conape, quien se opone a la iniciativa en forma y fondo.

Primero, por considerarlo un proyecto inconsulto, y por ‘haber utilizado a un enemigo histórico de la libertad de expresión (José Alberto Álvarez), para la redacción del documento', dijo. Y sobre el fondo, Chery indicó que ‘es restrictivo de la libertad de expresión e información y del ejercicio del periodismo. (al periodista) no le basta su diploma, sino que debe esperar que la Comisión le otorgue su acreditación', reclamó el expresidente.

Y repudió el hecho de que el anteproyecto sancione la práctica ilícita de la carrera con 2 a 5 años de prisión, pero no tenga un incentivo para el mejoramiento de la calidad del periodista ni la ética. ‘Se solidariza con la mediocridad' y es ‘egoísta con los periodistas que trabajan en el extranjero, ya que podrían ser pagados con la misma moneda que se trata a los colegas en Panamá', dijo.

Los caricaturistas fueron los primeros en manifestar su rechazo al proyecto. Lo hicieron como saben: con un dibujo mordaz que firmaron en conjunto y publicaron a la vez en sus respectivos medios. ( La Estrella de Panamá lo publicó en su edición de este 6 de agosto).

Además, en un comunicado, los caricaturistas expresan, entre otras cosas, que se les clasifica erróneamente como reporteros gráficos cuando su trabajo es ‘opinión editorial'.

La Asociación de Corresponsales Extranjeros en Panamá (Acopep), presidida por Luis Blanco, peruano y corresponsal de la Agencia EFE, denunció la propuesta legislativa. Según Blanco, ya ‘asesores jurídicos panameños advirtieron que la redacción del proyecto riñe con la Constitución y con varios artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos que Panamá ha ratificado como Estado'.

‘Si esta ley se aprobara, el premio nobel de Literatura y periodista Gabriel García Márquez, ya fallecido, no hubiera podido ejercer en Panamá, porque no tenía un título de periodista; y el otro premio nobel latinoamericano, Mario Vargas Llosa, no podría escribir hasta que la junta técnica se lo autorizara, bajo riesgo de ir preso', advirtió.

Michele Labrut, corresponsal francesa afincada en Panamá hace más de 40 años, empieza por decir que ‘está mal redactada' y confunde a corresponsales de medios locales en provincias y a los extranjeros que trabajan para medios panameños. Además, insistió, ‘no dignifica al periodismo panameño, solo busca asegurar un salario', puntualizó.

Franklin Bósquez, miembro del Consejo de Periodistas y fundador del Colegio, manifestó, a su vez, que dividiría la ley en dos partes.

Una para el aspecto socioeconómico de los periodistas que contemple mejor salario, prestaciones laborales, etc. ‘¿Cuánto gana un policía raso? $800 mensuales. Un periodista debe tener un salario que le permita vivir digna y decorosamente'. Como segundo punto, dijo estar en desacuerdo con la CTAP, que tiene un doble filo. Bósquez recordó que en tiempos de la crisis política que vivió el país al mando de Manuel Antonio Noriega, el Sindicato de Periodistas ‘se declaró el brazo del régimen y esos miembros se convirtieron en instrumentos de persecución, era una junta de censura. Sabemos cómo empieza, pero no cómo termina', reflexionó.

Agregó que el Ministerio de Gobierno no debe tener un rol en la certificación gremial. ‘Eso era censura en tiempos pasados', rememoró. Recalcó, por otra parte, que los periodistas en Panamá no dominan el lenguaje, herramienta fundamental de su trabajo, y eso parece que no preocupa.

El proyecto está en discusión en la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional.

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@EloyAlfaroAlba

EXEMBAJADOR

‘Se darán cuenta que con nueva ley de periodismo los propios periodistas se van a disparar en el pie cuando se utilice para amordazarlos'.

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@frenadesopanama

ORG. SINDICAL

‘¿Qué pasará con los comunicadores populares y medios alternativos que difunden lo que los medios tradicionales no hacen?'.

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@Marayariela

PERIODISTA

‘La ley de periodismo NO tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Tiene que ver con el ejercicio de la profesión'.

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@damapero

DAVID PÉREZ

‘Me gustaría que los colegas que se oponen a la Ley, cobraran el salario de los corresponsales por un mes'.

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@JuanBMoya

DIPUTADO

‘No existe anteproyecto de Ley de Prensa, solo hay un anteproyecto que dignifica el ejercicio de la profesión del periodista'.

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BAJO LA LUPA

Radiografía de una propuesta

El anteproyecto de ley que pretende regular el ejercicio del periodismo en Panamá establece en su articulado, entre otros puntos, la prohibición permanente del ejercicio para los profesionales extranjeros.

Obliga a los caricaturistas y reporteros gráficos que no cuenten con un título universitario a optar por un diplomado que será organizado por la Comisión Técnica Académica de Periodismo. En el capítulo de acreditación plantea la creación de una Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP), que estaría integrada por un representante y suplente del Colegio, uno más del sindicato; de la Universidad de Panamá; de las universidades privadas; de los medios de comunicación social; de la Comisión de Transporte y Comunicación Social de la Asamblea Nacional; de la Asociación de Periodistas de Chiriquí y, otro de la provincia de Colón.

Los anteriores estarán encargados de expedir las acreditaciones de los periodistas y de velar por el cumplimiento de la ley, además de algunas otras responsabilidades.

El anteproyecto contempla establecer como salario inicial para el periodista $1,000 mensuales y $800 para el reportero gráfico. Con respecto a los corresponsales nacionales, estipula que no será inferior al de un extranjero, mientras que para las micro y medianas empresas establecer una equiparación de las cuotas del Seguro Social que dejaron de pagarse durante los diez años ininterrumpidos que laboró el periodista, además de un seguro de vida, accidente y hospitalización.

La propuesta legislativa incluye un Tribunal Disciplinario compuesto por seis miembros de la Comisión que conocerán de las infracciones y violaciones al Código de Ética, establecer un reglamento interno disciplinario, y aplicar las sanciones para la suspensión de la acreditación profesional cuando se comprueben faltas graves al ejercicio. En el inciso ‘c', el documento plantea que las ‘decisiones del Tribunal Disciplinario, en todo caso, serán apelables ante el Ministerio de Gobierno'.

En los últimos artículos se resguarda el secreto profesional y reserva los cargos directivos en el medio para los panameños. Por último, el artículo 21 estipula que quien ejerza ilegalmente la profesión será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años.