25 de Feb de 2020

Nacional

ONG pide a Panamá anular permiso a hidroeléctricas para extraer agua

AIDA manifiesta que el caudal ecológico es el flujo mínimo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener la flora y fauna

ONG pide a Panamá anular permiso a hidroeléctricas para extraer agua
Río Caldera - Foto Ilustrativa .

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) pidió a la Corte Suprema de Justicia de Panamá anular una resolución que permite la utilización del 90% del agua de los ríos en proyectos hidroeléctricos, informó este lunes la organización ecologista.

"Buscamos que los jueces de la Sala Tercera (de la Corte) declaren la nulidad de la resolución, comprendiendo la importancia de que Panamá cuente con una regulación de caudal ecológico en concordancia con las obligaciones internacionales, que procure la salud de los ecosistemas acuáticos y garantice los derechos humanos", afirmó Haydée Rodríguez, abogada de AIDA.

AIDA, que engloba a otras asociaciones ecologistas de toda América, presentó un escrito legal de apoyo a la acción promovida por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), en la que solicita anular la resolución de la Corte panameña.

Esa resolución permite que hasta el 90% del agua de ríos, lagos y otras fuentes naturales sea empleada en grandes proyectos como represas hidroeléctricas.

AIDA manifiesta que el caudal ecológico es el flujo mínimo de agua que un río u otro cauce debe tener para mantener la flora y fauna, la preservación del paisaje y la disolución de contaminantes en ese hábitat natural.

La decisión de la Corte panameña limita ese caudal a un 10% "para todos los cuerpos de agua y permite que el porcentaje restante quede en manos de megaproyectos de infraestructura", señala AIDA.

La resolución "violenta principios y obligaciones internacionales contraídas por el Estado panameño de proteger la biodiversidad de los ecosistemas y su uso racional", agrega la entidad.

Además, viola derechos humanos como el de acceso al agua, al ambiente sano y a la vivienda y carece de mecanismos de participación de las comunidades afectadas, advirtió AIDA.