Fiscal se queja de poco tiempo para investigar a Martinelli

Una carta en la que se queja del poco tiempo del que ha dispuesto para investigar al diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y expresidente Ricardo Martinelli presentó ayer el magistrado fiscal Oydén Ortega a José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Ortega es el fiscal del proceso que se le sigue a Martinelli en relación a supuestas irregularidades en la adquisición de comida deshidratada para el Ministerio de Educación, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

‘Creo firmemente que el plazo de dos meses que otorga el artículo 491-A del Código Procesal Penal para investigar este tipo de causas es insuficiente', describió el investigador.

Igualmente, consideró que ese corto periodo constituye ‘un trato desigual' si se le compara con el que dispone el pleno de la Corte Suprema de Justicia para investigar a otros funcionarios.

El magistrado fiscal explicó que las investigaciones por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado panameño iniciaron el 4 de mayo y debían concluir en un plazo de dos meses, que se vencían el 4 de julio.

En esta fase de investigaciones se realizaron actividades por la Fiscalía y las correspondientes audiencias convocadas por el juez de garantías, Jerónimo Mejía.

Antes de que venciera el plazo de dos meses, se promovió el 2 de julio una advertencia de inconstitucionalidad en contra del artículo 491-A del Código Procesal Penal por considerar que al establecer este limitado plazo, el mismo es contrario a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que prohíbe la existencia de fueros o privilegios.

La Ley 55 de 2012, que protege a los diputados o ‘Ley Blindaje', limita a dos meses el tiempo que tiene la Corte para investigarlos, aunque se puede conceder un mes adicional. Tras este periodo, la causa penal se extingue.

Según Ortega, el pleno de la Corte debe atender ‘sin dilación' esa advertencia de inconstitucionalidad pendiente puesto que ese artículo se encuentra vigente al no haberse convertido en ley de la República el proyecto 214 de 2015 ( ley blindaje), sobre cuya exequibilidad tiene también que pronunciarse el pleno. ‘No dudo en señalar que mi preocupación es también compartida por una cantidad de panameños', agregó.

PROCESO DETENIDO

El proceso contra Martinelli se mantiene suspendido desde el 2 de julio indefinidamente, mientras no se resuelva ese recurso legal presentado por Ortega.

Ese mismo día, el juez de garantías, Jerónimo Mejía, anunció que no puede tomar una decisión sobre la solicitud de prórroga para más tiempo para continuar las pesquisas, porque una de las normas aplicables para decidir esa solicitud es el polémico artículo.

‘Esperaremos la decisión para decidir qué vamos a hacer con respecto a la petición de la prórroga', dijo Mejía.

FUGA DEL PAÍS

Martinelli se autoexilió en Miami, Estados Unidos, el 28 de enero, misma fecha en que los nueve miembros de la Corte Suprema aprobaron abrirle una investigación criminal por las denuncias por corrupción en el caso del PAN.

Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN y exmiembro de la directiva del partido político fundado por Martinelli, aseguró que el empresario le dio la orden de aprobar, supuestamente de manera fraudulenta, un contrato por el orden de $45 millones para la compra de alimentos deshidratados.

Tamburrelli vinculó al exgobernante cuando rendía indagatoria en la Fiscalía Primera Anticorrupción.

El exprocurador Rogelio Cruz y el abogado Carlos Carrillo, defensores de Martinelli, afirman que los procesos que se sigue contra el expresidente están viciados.

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VINCULAN A MARTINELLI

Señalamientos contra el expresidente Martinelli por caso PAN