Corte decidirá sobre traspaso de iglesias coloniales a la curia

  • 12/01/2016 01:01
Los magistrados tendrán que definir dos demandas para que no se anulen las resoluciones que pasan los terrenos de las iglesias

La Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir si es constitucional o no el traspaso de los terrenos de seis templos coloniales ubicados en el Casco Antiguo —declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997— al poder y control de la Iglesia católica.

La agrupación Movimiento Ciudadano por la Identidad Panameña presentó ayer ante la Corte dos demandas de inconstitucionalidad para que ‘no se desmantele el patrimonio histórico y cultural' del país.

Los recursos, bajo la firma del abogado Miguel Antonio Bernal, son contra dos resoluciones del Consejo Nacional de Tierras (CNT) de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) en el gobierno de Ricardo Martinelli y otra aprobada el año pasado por la actual administración, para autorizar el acto de adjudicación a título gratuito de los terrenos a favor de la curia.

La petición es que se declare la nulidad por violar los artículos 17, 85 y 260 de la Constitución Política referente a la composición y salvaguarda del patrimonio histórico y cultural, además por infringir normas de protección.

Los historiadores alegan que el Gobierno renunció a un bien nacional, lo cual no se puede permitir.

DETALLES DEL TRASPASO

El primer traspaso se hizo, mediante la Resolución CNT 018 de 5 de julio de 2013, que autoriza la adjudicación a la Iglesia católica, a título gratuito, de los terrenos donde se ubican la iglesia La Merced y la Catedral Metropolitana.

El documento está firmado por la entonces ministra de Vivienda, Yasmina Pimentel, quien fungía como presidenta del CNT y el administrador de la Anati, Franklin Oduber, como secretario.

Pimentel y Oduber consideraron que ‘era propicio hacer justicia para salvaguardar las iglesias y poder mantenerlas con decoro y dignidad' en celebración de los 500 años de la creación de la primera arquidiócesis en tierra firme.

La otra demanda es contra la Resolución CNT 002 de 15 de abril de 2015, que autorizó adjudicar a título gratuito, específicamente a favor de la Arquidiócesis de Panamá, los terrenos nacionales donde se ubican las iglesias San José, San Francisco de Asís (casa parroquial), San Felipe Neri y Santo Domingo.

El documento lleva la firma del actual viceministro de Vivienda, Jorge González, presidente encargado del CNT, y Carlos González, administrador de la Anati.

DONACIÓN CUESTIONADA

La historiadora Ana Elena Porras, coordinadora del movimiento, criticó las acciones de los gobiernos de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela, pues esos templos son patrimonio histórico y cultural y ‘pertenecen al pueblo panameño, no a la Iglesia'.

Porras, acompañada de los historiadores Ricardo Ríos Torres y Moisés Carrasquilla, afirmó que esos edificios coloniales deben ser administrados por el Instituto Nacional de Cultura (Inac), como ente de gobierno.

‘Si se le regalan a la Iglesia católica, entonces el Inac pierde ese patrimonio', dijo.

Porras, nieta del expresidente Belisario Porras y exdirectora del Inac, reprochó que la administración Varela le otorgó fondos a la curia para restaurar los templos y no así a la entidad responsable.

‘Con estas decisiones la Curia Metropolitana está asumiendo decisiones que le pertenece al Inac. Esto debilita institucionalmente al Inac y quita a los panameños el patrimonio', consideró.

La también docente universitaria agregó que esta situación se suma a la venta en las áreas revertidas de edificios emblemáticos, dejando a la sociedad sin un bien para el uso social y cultural de los nacionales.

Carrasquilla, por su lado, resumió que las malas decisiones traen como consecuencia el desmantelamiento del patrimonio histórico del país, que es la base de la identidad como panameños.

‘Ni siquiera lo llevaron a ser una ley, porque sabían que eso debía pasar por la Asamblea Nacional. No se puede quedar bien con la Iglesia a costa del patrimonio de la Nación', manifestó.

Para el profesor Ríos, un Estado ‘moderno y serio' tiene que tener una política estatal para que la cultura, el patrimonio nacional del país, sus monumentos históricos, su folclor e historia, sea un valor que se debe salvaguardar.

‘El Inac es una institución que prácticamente es un barco a la deriva, en permanente naufragio desde hace mucho tiempo', opinó. Para el excatedrático de la Usma, la asistencia a la Corte es para reclamar el derecho que tienen los ciudadanos para que se salvaguarde el patrimonio cultural, moral y ético de la Nación.

VALOR DE LAS FINCAS

Para ceder a las peticiones de ‘donación' que datan de 2013 de monseñor José Domingo Ulloa, este gobierno valoró un memorial de la Arquidiócesis de Panamá que expone que desde hace décadas construyó, edificó y ha mantenido siempre las iglesias en las que se ha desempeñado un papel importante en la construcción de la espiritualidad y nacionalidad del pueblo panameño.

De acuerdo con documentos oficiales, la iglesia San José tiene una superficie de 712.48 metros cuadrados con un valor de $552,172; la San Francisco de Asís, de 570.67 metros cuadrados, tiene un valor de $684,804 y la de Santo Domingo posee 237.88 metros cuadrados con un valor de $231,933.

Además, la iglesia San Felipe Neri tiene una superficie de 1,303.08 metros cuadrados con un valor de $1,563,696; La Merced reúne 1,061.80 metros cuadrados con un valor de $743,260 y la catedral posee 2,820.80 metros cuadrados con un valor de $775,720.

La Arquidiócesis de Panamá y el Inac prometieron enviar sus posiciones; sin embargo, no dijeron en qué fecha.

El Inac solicitó para 2016 un presupuesto de $95 millones, pero se le aprobó $40.7 millones, de los cuales se contemplan para inversión la suma de $18.1 millones.

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‘Hay una conducta política de actuar sin consultar y querer quedar bien con la Iglesia a costa del patrimonio',

MOISÉS CARRASQUILLA

PROFESOR DE HISTORIA

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DICEN HISTORIADORES

‘El Gobierno busca desmantelar el patrimonio histórico'

Según el profesor de historia Ricardo Ríos Torres, los museos de Panamá, sitios arqueológicos y monumentos históricos no cuentan con apoyo oficial.

‘Donde no hay una política cultural no va a haber el presupuesto necesario para mantener los museos. Los museos de Panamá se están cayendo', aseveró.

El Inac, además de cuatro centros patrimoniales, es regente de 16 museos, cinco de ellos en el distrito de Panamá.

A juicio del historiador, el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta), que tiene una colección conformada por más de 15 mil piezas de orfebrería, cerámica, lítica y etnográfica, permanece cerrado desde el gobierno de Ricardo Martinelli.

‘Eso es un atentado contra la cultura. Allí están los valores culturales, históricos y arqueológicos de la Nación panameña', consideró.

Ríos Torres sostuvo que en los últimos cinco años se han descubierto piezas de gran valor en la orfebrería precolombina, pero ‘no sabemos dónde están ni tenemos derecho a verlas'.

El Museo de Historia, que cuida la primera bandera panameña, no tiene mucho acceso al público.

El historiador deploró que el museo religioso cerca al Arco Chato no funciona, y la fundación cívica que mantiene el museo afroantillano no recibe fondos estatales.

Contó que los conjuntos monumentales históricos de Portobelo y Castillo de San Lorenzo de Chagres tampoco reciben la ayuda necesaria.

También se quejaron de la falta de apoyo al Parque Arqueológico El Caño, en la provincia de Coclé.

Para el docente, no es correcto que el Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo esté bajo una dirección privada.

Ríos Torres y Ana Elena Porras manifestaron que con las malas decisiones gubernamentales se acelera un desmantelamiento del patrimonio histórico y cultural, se debilita el Inac y no hay política estatal de cultura nacional.

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