Abren proceso por 'blanqueo' en caso Cobranzas del Istmo

Luis Cucalón, exdirector General de Ingresos, y Cristóbal Salerno, propietario de la empresa Cobranzas del Istmo, enfrentan una nueva investigación, esta vez es la División de Blanqueo de Capitales del Ministerio Público donde se inicia una investigación por posible blanqueo de capitales.

Salerno acudirá hoy a la Fiscalía Sexta Anticorrupción a rendir indagatoria por este nuevo proceso en su contra. Otros tres imputados en este caso también harán sus descargos: Luis Cucalón, (exdirector de Ingresos), María Alessandra Salerno (hija de Cristóbal Salerno) y Magaly Ramos (gerente de Cobranzas del Istmo).

Las pesquisas que ordena la Fiscalía Séptima Anticorrupción alcanzan a 27 personas naturales y a 104 sociedades anónimas que se relacionan por los pagos o transferencias bancarias provenientes de la cuenta a nombre de Cobranzas del Istmo y Langton International Holdings Limited, que funcionaba como ‘tesorería' de sus empresas, según lo reconoció Salerno ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

Entre las empresas mencionadas, la orden de la Fiscalía enlista al menos 57 entre las que cuentan a Cristóbal Salerno, propietario de Cobranzas del Istmo, familiares o colaboradores, en sus juntas directivas y 22 en las que se aparece Luis Cucalón, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) o sus familiares, como directivos.

Otra empresa, Corporación Energía del Istmo, también figura entre las investigadas, pues la Fiscalía detectó un cheque por $900 mil que se giró de la cuenta de Langton International Limited y se ingresó a la campaña política del expresidente Ricardo Martinelli, según explicó el mismo Salerno ante la Fiscalía.

En la junta directiva de esta sociedad figura como director y secretario Navin Bhakta, quien fue un cercano colaborador de la gestión de Martinelli.

Las pesquisas pretenden establecer si los ingresos de las cuentas bancarias con terminación 6453 y 5789 a nombre de Cobranzas del Istmo, y la cuenta que termina en 8831, a nombre de Langton International Holdings Limited, los bienes e inmuebles de las personas que tengan relación con las mismas, provienen de actividades relacionadas a delitos de blanqueo de capitales.

La investigación tiene su origen en la denuncia de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por el contrato efectuado entre Cobranzas del Istmo y el Estado para que la empresa se encargara de la recaudación de las cuentas morosas y no pagadas al Estado por parte de los contribuyentes.

En este sentido, la Fiscalía señala al entonces director de la DGI, ‘quien presuntamente no siguió los requisitos establecidos en la Ley sobre la base de la excepción del acto público para contar con la autorización del contrato', señala la orden.

La Fiscalía considera que hubo indicios de hechos delictivos como el blanqueo de capitales y utilizó un mapa en el que plasma los movimientos bancarios de ambas cuentas a diferentes sociedades anónimas y personas naturales, así como retiros en efectivo.

Esta tesis la fundamenta la Fiscalía en un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que reporta como ‘inusuales' los movimientos de los dineros procedentes del MEF a la cuenta de Cobranzas del Istmo y transferidos a Lagnton International Holding Limited, ‘no teniendo clara la relación de las empresas para efectuar transacciones de tan alta cuantía', indica.

La Fiscal Cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, tomó en consideración la ampliación de indagatoria a Cristóbal Salerno, el 8 de julio de 2015, en la que Salerno detalla que se transfirieron fondos de la empresa Cobranzas del Istmo a Langton International Holding Limited y que posteriormente se giraron cheques a varias personas naturales y empresas.

Según la Fiscalía, las inspecciones a las cuentas bancarias revelan que del Ministerio de Economía y Finanzas se giraron 73 cheques que en total sumaron $23,9 millones a la cuenta de Cobranzas del Istmo, producto de las comisiones recabadas por el cobro de impuestos morosos. Posteriormente, de la cuenta de Cobranzas del Istmo se giraron $25,2 millones a la cuenta de Langton International Holding Limited, de donde salieron dos cheques por un monto de $833 mil a nombre de el empresario Gabriel Btesh. Su abogado, José María Castillo aclaró que su cliente justificó ante la Fiscalía el motivo de estas transacciones y la Fiscalía decidió no imputarle cargos.

De la misma cuenta de Langton, se giraron $3 millones a la sociedad Estrategic Hotel Aliance, Inc. que tiene entre sus directores a Gustavo Adolfo y Luis Alberto Cucalón Zamora, hijos del exdirector de la DGI, que firmó el contrato con Cobranzas del Istmo para el cobro de impuestos.

Otros de los cheques sobre los que la Fiscalía pidió explicación a Salerno fueron los que se giraron a favor de la empresa Tropical Life Corporation, por la suma de $2 millones. Al respecto, Salerno indicó que esos dineros se utilizaron para gastos de la empresa que también le pertenece. Luis Carlos Gómez, defensa de Cristóbal Salerno, prefirió no pronuciarse sobre ese caso.

Por su parte, Carlos Carillo, defensor de Cucalón, argumentó sobre la investigación que ‘no es posible abrir dos casos por un mismo hecho' y que ya se había acusado a sui cliente por los hechos investigados, pero ahora sobre el supuesto de blanqueo de capitales.

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DOBLE JUZGAMIENTO

Piden anular proceso por defraudación fiscal

Un recurso interpuesto por la defensa de Cristóbal Salerno solicita anular el proceso que se le sigue a Cobranzas del Istmo, S.A., por defraudación fiscal.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), ordenó el secuestro de bienes inmuebles, cuentas corrientes, depósitos, plazos fijos de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), luego de que una auditoría encontrara indicios de defraudación fiscal en el pago del impuesto sobre la renta correspondiente a los años 2012 y 2013.

El monto del secuestro a la empresa, contratada por la DGI para gestionar sus impuestos morosos asciende a $42.8 millones. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2015, la defensa de la empresa interpuso un incidente de nulidad ante la DGI alegando violación del debido proceso e indebida notificación para realizar una auditoría fiscal y allanamiento.

La defensa alega que actos administrativos ejecutados por funcionarios de la DGI vulneraron los derechos fundamentales del contribuyente Cobranzas del Istmo, S.A., al rebasar las potestades que le concede la Ley.

‘El actual director de ingresos (Publio Cortés) estaba imposibilitado para realizar una segunda auditoría fiscal al contribuyente para los periodos 2012 y 2013 relacionado con la liquidación del Impuesto Sobre la Renta y revisión del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles y Servicios (ITBMS), en los periodos 2010 y 2013, por cuanto la administración anterior había practicado una auditoría en los mismos periodos fiscales', cita el incidente de nulidad.

La defensa sustenta su argumento bajo el artículo 17 de la Constitución que establece que nadie será juzgado sino por autoridad competente no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva y disciplinaria.

Así mismo, Sierra Castellanos, abogado de la empresa, califica como ilegal que los auditores procedieran a confiscar la documentación contable y financiera que mantenía su cliente, violando el artículo 29 de la Constitución.

Para fijar esta medida cautelar, la DGI se basó en un informe del Departamento de Auditoría y Fiscalización, que establece que la empresa dejó de pagar $4.7 millones en impuestos.