Los impuestos morosos y el origen de un entramado de negocios

Cuando Ricardo Martinelli llegó a la Presidencia, en 2009, traía un ambicioso plan de construcción de obras públicas. Pronto se dio cuenta de que las arcas del Tesoro Nacional no contaban con el dinero para respaldar sus planes.

‘Había que incrementar los ingresos del quinquenio de $9,400 millones a $16,500 millones' para cumplir con el plan de gobierno, expresó en su momento el exdirector de ingresos, Luis Cucalón.

El problema era que los contribuyentes, poco acostumbrados a pagar impuestos, arrastraban una morosidad que rosaba el 70%.

Bajo este panorama, la idea de contratar a una compañía especializada que se dedicara a gestionar los pagos (tercerización de los servicios) se vendió ante la opinión pública como una solución efectiva y viable.

Sin embargo, con el tiempo, saldrían dudas no solo de la legalidad de este modelo, sino de las reales intenciones que se escondían detrás.

De acuerdo con auditorías de la Contraloría General de la República, bajo esta estructura de tercerización se amparaba un complejo entramado de corrupción que terminó produciendo una lesión patrimonial de $29.5 millones. El caso, hoy investigado, mantiene al ex recaudador de impuestos detenido y al expresidente Martinelli bajo investigación.

Los gestores de cobros habían surgido de las entrañas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dirigido entonces por Alberto Vallarino, con el apoyo de dos viceministros Dulcidio De La Guardia y Frank De Lima.

Después de realizar una consultoría, el equipo del MEF llevó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley, aprobado el 17 de septiembre de 2009, y sancionado por Martinelli. Nació así la Ley 49 de 2009, que permitía en su artículo 32, la contratación de los gestores de cobros.

El 25 de agosto de 2011 se firmó el contrato 100 del 25 de agosto de 2011 con Cobranzas del Istmo, S.A., propiedad de Cristóbal Salerno, de quien posteriormente se conocería un historial de negocios con Cucalón.

El contrato fue firmado por la contralora Gioconda Torres de Bianchini (fallecida el 9 de julio de 2016) y el entonces director de Ingresos, como lo establece el decreto Ejecutivo 22 del 17 de marzo de 2010.

Durante casi tres años, Cobranzas del Istmo se convirtió en la pesadilla de muchos empresarios que acusaron a ésta de coaccionarlos y amenazarlos con el secuestro de sus propiedades.

GESTORA

Cobranzas del Istmo, desde el origen

Cobranzas del Istmo nació de la desgracia. La ola de quiebras empresariales que azotó al país a principios del siglo XXI inspiró a un hombre de negocios a crear una estructura que lograra recuperar el dinero que los bancos habían prestado a los grupos comerciales que colapsaron por malos manejos administrativos y el aletargamiento de la economía. La idea surgió de la mancuerna entre un banquero y un empresario. El primero la concibió y le sugirió al segundo ponerla en marcha. ‘Alberto Vallarino fue quien me dio a mí la idea de crear una compañía de gestiones de cobros en el año 2002 para recuperar las deudas de los bancos acreedores involucrados en el fracaso del Grupo Adelag (Triángulo)', confesó Cristóbal Salerno, propietario de Cobranzas del Istmo, S.A., a la fiscal cuarta Anticorrupción Ruth Morcillo.

Pero, a juicio de Cucalón, la empresa estaba haciendo bien su trabajo. Tan bien, que la Dirección de Ingresos le había otorgado a la compañía no solo poder y mando, sino acceso a todas las cuentas de los contribuyentes, según informaron las autoridades que hoy están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) .

Si a juicio de las autoridades del momento, la empresa hacía bien su trabajo, así de buena era su compensación. Entre 2010 y 2014 la empresa facturó al Estado comisiones millonarias ($47 millones) por el trámite de las deudas morosas ($172 millones).

El problema era que muchas de las cuentas gestionadas nunca debieron llegar a sus manos y que las comisiones cobradas superaron con creces lo que realmente le correspondía, según lo establecido en el contrato.

La llegada de un nuevo Gobierno cambió el escenario. Se dieron por terminados los servicios de la gestora de cobros. De esta manera empezarían a salir a la luz las contradicciones en el proceso de contratación, primeras trampas de laberinto que encuentran los investigadores judiciales, al intentar seguir la pista de esta empresa creada en 2003, según su inscripción en el Registro Público.

El mismo Dulcidio De La Guardia, que abandonó tempranamente el gobierno de Martinelli para volver como ministro de la misma cartera bajo la presidencia de Juan Carlos Varela. denunció que el exdirector de Ingresos había insertado un documento falso para favorecer la contratación directa de Cobranzas del Istmo.

El contrato omitió trámites expresos en materia de contrataciones públicas, provocando un perjuicio al Estado en concepto de comisiones pagadas, establece una querella penal interpuesta por el titular de Economía y Finanzas.

Lo inexplicable es que la contratación directa de la empresa se produjo cuando De La Guardia era viceministro y jefe directo de Cucalón.

AEROPUERTO DE TOCUMEN

El detonante del caso la revelación por La Estrella de Panamá , de que la empresa había cobrado $21 millones a la estatal Tocumen, S.A.

Presionado por los medios, el propietario de la empresa prefirió confesar su verdad al Ministerio Público.

‘(Salerno ) lo hizo porque su hija estaba metida en el baile,' expresó Cucalón refiriéndose a María Alessandra Salerno, hija de Cristóbal Salerno y quien fungía como apoderada legal de la empresa cuando se firmó el contrato con Cobranzas del Istmo, S.A.

El testimonio de Salerno no dejó dudas: Cucalón habría recibido $6.8 millones de los las comisiones ganadas por Cobranzas del Istmo, por agilizar los pagos a la empresa. Cucalón lo niega todo y a segura que los dineros que recibió correspondían a una cuenta de vieja data.

En un hecho inédito, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, envió al exdirector de Impuestos a prisión preventiva. Era la primera vez que se detenía a un director de Ingresos por malos manejos. Los medios le dieron amplia cobertura al tema. ‘Cucalón, a prisión preventiva', decía la primera plana de los medios de prensa.

Salerno, por su colaboración con la justicia, salió mejor librado, con una medida de casa por cárcel.

Por acumulación de denuncias, el proceso paso a la Fiscalía Primera Anticorrupción que llamó a juicio a Cucalón, Salerno y a la gerente de la empresa, Magaly Ramos. Sin embargo, eximió al actual ministro de MEF, De La Guardia, y a su antecesor, Alberto Vallarino.

El expresidente de la República también está señalado en este escándalo. Martinelli, siendo mandatario, también habría recibido $900 mil en un cheque girado a favor de la sociedad Corporación Energía del Istmo, donde figuraron Eduardo Jaén, director de Innovación Gubernamental, y Navin Bhatka, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores del gobierno pasado.

Un recurso, promovido por el abogado Gustavo Sierra un año después de que se abriera la causa, establece que, según Salerno, a Martinelli se le entregaron en efectivo $1.5 millones de las ganancias del contrato que tenía Cobranzas del Istmo con la Dirección General de Ingreso (DGI).

El proceso contra el expresidente fue abierto en septiembre del año pasado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero hasta ahora no tiene avances significativos. La causa es llevada por Harry Díaz como juez de garantías (que pidió desvincularse del proceso la semana pasada) , y Abel Zamorano, como fiscal.