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27 de Nov de 2020

Nacional

Díaz somete al pleno viabilidad del afidávit

El fiscal de la causa contra Martinelli solicita que el Pleno discuta hoy si se debe o no elaborar una declaración jurada, tal como señala Cancillería

Díaz somete al pleno viabilidad del afidávit
Harry Díaz, fiscal de la causa contra Ricardo Martinelli por los ‘pinchazos'.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia discutirá hoy, por petición del magistrado Harry Díaz, fiscal en el caso de investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli (2004-2009) por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad y contra la administración pública, la viabilidad del afidávit o declaración jurada que solicitó la Cancillería antes de enviar a Estados Unidos la petición de extradición de Martinelli, quien reside en ese país.

Díaz hizo al pleno dos peticiones en concreto: La primera, que sean los magistrados quienes examinen la petición de la Cancillería para determinar si procede lo requerido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta institución (el afidávit) y la segunda, que se discuta el tema hoy en el pleno.

La idea, según el magistrado, es unificar criterios y sentar un precedente por los casos futuros que presenten el mismo trámite.

Esto ocurre después de que el departamento legal de la Cancillería sugiriera al juez de garantías de la causa, Jerónimo Mejía, evitar que el Gobierno de Estados Unidos subsane el trámite de extradición del también diputado del Parlamento Centroamericano.

En la nota que envió el mencionado despacho a la Corte, dice que la petición de extradición debía contener una narrativa en lenguaje simple de los hechos y la historia de la investigación que establezca la conducta criminal.

Díaz manifiesta a sus colegas que ha consultado el texto de los tratados de extradición con el país del norte, específicamente el de 1904 y la Convención Multilateral de Extradición de Montevideo de 1933, y en dichos documentos no se requiere ni se exige la presentación del afidávit como requisito para este trámite, tal como lo sugiere la Cancillería.

En una carta de tres cuartillas, Díaz le manifiesta a los magistrados que la Cancillería tampoco explica en qué casos se fundamenta la llamada ‘práctica común' en la que se solicita la declaración jurada del fiscal, especialmente cuando este requisito no está contemplado en los textos formales.

Recuerda Díaz que en este caso se cumplió con el plazo de investigación y está pendiente una audiencia de acusación, por lo que es importante que quede claro si corresponde o no al magistrado fiscal emitir dicho afidávit o al pleno de la Corte que ordenó la detención de Martinelli.

Aunado a esto, pide Díaz que este trámite no sea considerado como un acto de investigación y que, en caso de decidir favorablemente, no sea una excusa para que se vulnere el debido proceso. De ocurrir así, puede interpretarse que la acusación se califique como una persecución política, como ‘ya en otras oportunidades ha señalado la defensa de Martinelli', reza la solicitud.

En este sentido, Díaz expone que, con el mismo sentido que la Cancillería advierte de cualquier subsanación e imparcialidad que debe imperar en la administración pública, se deben evitar posibles nulidades en la falta del debido proceso.

La acusación contra Martinelli fue en octubre de 2015.

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CRONOLOGÍA DEL CASO

La acusación contra Ricardo Martinelli se efectuó el 9 de octubre de 2015.

La orden de detención se emitió el 21 de diciembre.

La solicitud de extradición se remitió el 24 de mayo 2016.