Juez Jerónimo Mejía niega petición de la defensa de Ricardo Martinelli

Actualizado
  • 15/09/2016 19:10
Creado
  • 15/09/2016 19:10
La defensa del exmandatario solicitó durante la audiencia, que se diera por concluido el periodo de investigación en este caso

Este jueves se realizó la audiencia de control en el proceso que se le sigue al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el caso por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada.

El acto, que se celebró en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue solicitado por el magistrado fiscal Oydén Ortega, tras la asistencia internacional que envió a Brasil, país donde se elaboraron los alimentos.

Ortega pidió al magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, que legalice las pruebas que le enviaron las autoridades judiciales de Brasil, por razón de transparencia, pese a que no están obligados a hacerlo.

En tanto, el abogado de Martinelli, Sidney Sittón, expresó que estas pruebas no vinculan al expresidente y además son ilegales porque ya se venció el plazo de 10 días hábiles para someterlas al control del juez de Garantías.

Además solicitó durante la audiencia, que se concluya el plazo de investigación en este caso de la comida deshidratada que es de 6 meses.

Por su parte, Ortega se opuso a esta petición porque el plazo de investigación inicia desde que se da la imputación de cargos, y este trámite no se ha cumplido.

Juez niega petición

Posterior a las peticiones, el magistrado juez decretó un receso para hacer el análisis. Lo solicitado por el abogado Sittón fue negada, alegando que cuando hay imputación empieza a correr el tiempo de la investigación del caso por seis meses.

"El plazo empieza a correr desde el momento en que hay una imputación. Eso significa que si no hay imputación, un fiscal puede quedarse investigando el tiempo que decida", salvo que prescriba la acción penal.

El juez Mejía tras manifestar su opinión sobre las dos solicitudes dio por terminada la audiencia.

El exmandatario es investigado por las supuestas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados por 44.9 millones de dólares a la empresa Lerkshore International, con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

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