Se quejan ante el Papa de colegios católicos panameños

Una queja formal ante el papa Francisco, máxima autoridad de la Iglesia Católica, planteó la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), con sede en Säo Paulo, Brasil, contra la administración de dos colegios católicos de Panamá, por supuestas violaciones a los derechos humanos laborales de sus trabajadores.

La nota, que firma su secretario general, Víctor Báez Mosqueira, data del 26 de enero pasado, y cuestiona la reiterada violación a esos derechos, en asocio y permisividad de los gobiernos que se suceden, pero advierte que la anomalía se ha acentuado con la tolerancia del actual gobierno.

Este caso fue informado a la CSA por su afiliada panameña la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), la cual recogió las denuncias de la Unión Panameña de Trabajadores de Centros Educativos Particulares (Upatracep).

La queja se centra en los colegios San Francisco de Asís y Nuestra Señora de los Ángeles, que operan en la provincia de Chiriquí. El primero es propiedad de la Orden de Frailes Menores y el segundo, por la Orden de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada.

Plantea que los trabajadores del colegio San Francisco de Asís buscaron apoyo de la Upatracep, en vista de su disconformidad sentida con los salarios, persecución y despidos que se dieron en 2014. La Upatracep presentó un pliego de peticiones en busca de negociar una convención colectiva con el colegio.

Sin embargo, esto no fue aceptado y, pese a que los tribunales fallaron en favor de los trabajadores, su administración decidió crear un sindicato controlado por la empresa (sindicato amarillo), el cual fue reconocido por las autoridades y archivado el expediente, un año después de presentado el pliego.

Agrega la carta al papa Francisco, que este plantel viola los derechos humanos laborales de sus trabajadores, entre las que figuran mujeres, a las que no reconoce el fuero maternal, el pago de sus prestaciones, pese a su gravidez, aplicándoles despidos.

A ello suman supuesta intimidaciones, pago de bajos salarios, contratos por temporadas, aunque los docentes de colegios privados tienen derecho a ser equiparados en igual medida que sus colegas del sector oficial.

En el caso del colegio Nuestra Señora de los Ángeles, también aseguran que sus administradores practican la persecución y despidos, evasión de los derechos de derechos laborales y el incumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales.

Rafael Chavarría, dirigente de la CTRP y de la CSA, un mega sindicato internacional que aglutina a 60 millones de trabajadores de las Américas, y afiliado a la Confederación Sindical Internacional (con 240 millones de obreros afiliados del mundo), llamó a la reflexión a los administradores de los colegios privados, en especial de los católicos, quienes, a su juicio, deben tener un sentido social y de respeto a los derechos humanos de sus trabajadores.
Dijo no comprender cómo pueden demandar el desafuero de un dirigente sindical, despedir a una educadora en estado de gravidez, y pasados 10 meses siguen sin pagar sus prestaciones.
Chavarría sostiene que las más altas autoridades del Gobierno de Panamá tienen completo conocimiento de esa situación, y lo sigue permitiendo. Le ha solicitado al Ministerio de Trabajo que denuncie este hecho, pero no ha pasado nada, al punto que permitió el despido de 20 trabajadores con fuero sindical, y reconoció un "sindicato amarillo".
Cuestionado el por qué apelan al papa Francisco, señaló que las autoridades eclesiásticas panameñas también se han hecho de oídos sordos. "Hemos agotado todos los recursos e instancias, y no ha sido posible hallar una solución", indicó.

Mitradel aduce percepción subjetiva
Sin embargo, para las autoridades ministeriales, la queja de los afiliados de la Upatracep es un caso de mera percepción subjetiva, donde los trabajadores afectados sienten que no se les hizo justicia al no resultar favorecidos a nivel administrativo o judicial.

Zulphy Santamaría, viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel),  explicó que como funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley ordena. En este caso, indicó que el Mitradel atendió los casos de los dos colegios citados, unos fueron tramitados a nivel ministerial, otros a nivel de juzgado de trabajo.

En el 2015, el Mitradel atendió un pliego de peticiones por quejas del no pago de horas extras, de los empleados del colegio Nuestra Señora de los Ángeles. Los trabajadores decidieron no irse a huelga, sino aceptar un arbitraje, pero dado que el tema no era competencia del ministerio, el colegio demandado impugnó una auditoría ordenada y el caso salió de esta esfera. Actualmente, se ventila en los juzgados laborales.

En cuanto al colegio San Francisco de Asís, aclaró que los reintegros por fuero maternal, de cuya negativa a implementarlo se acusa al plantel, no son de incumbencia del Mitradel, sino de los juzgados de trabajo. Santamaría lamentó que la mora judicial se haya extendido, pero dijo que este es un mal de la administración de justicia, no solo en Panamá, sino en todo el mundo.

Otro aspecto en el que Mitradel no puede decidir es en la firma de los convenios colectivos. En el caso de San Francisco de Asís, los trabajadores presentaron un pliego de peticiones para negociar un convenio colectivo, a través de la Upatracepa. Sin embargo, el colegio interpuso un amparo de garantías que lo suspendió, y finalmente lo negoció con otro sindicato, al que los trabajadores califican de "amarillo". En esto, puntualizó, el Mitradel carece de injerencia.

No obstante, el Ministerio sí atendió la demanda de una trabajadora con fuero sindical que fue despedida, logrando su reintegro. Actualmente, el Mitradel no tiene caso pendiente relativo a colegios particulares católicos, afirmó Santamaría.