Empresa española desvía $83 millones por S.A. panameña

El nombre de Panamá sale a relucir, una vez más, en la trama ‘Lezo' de corrupción española. El nuevo eslabón del proceso judicial apunta a la compra irregular de Inassa, la filial para la expansión americana del Canal de Isabel II, empresa estatal que gestiona las aguas de Madrid.

Una conversación entre el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su amigo el exministro Eduardo Zaplana destapó la irregular adquisición de la filial de Inassa en Colombia, en 2001.

El expresidente, hoy en prisión preventiva dentro de la investigación por corrupción y malversación de patrimonio del Estado denominada ‘Operación Lezo', aseguró a Zaplana que su antecesor en el puesto, Alberto Ruiz Gallardón, compró por cuatro veces más de su valor la empresa que controla Aguas de Barranquilla.

La transacción se realizó a través de Panamá. ‘El Canal de Isabel II de Gallardón desvió $73 millones a Panamá en la compra de la colombiana Inassa', titula okdiario. La operación se consumó pasando por encima de controles administrativos y de una auditoría que no ponía en entredicho la compra y el valor real de la empresa, detalla el diario El País .

Lo ideal, señala la prensa española, debió haber sido consumar la compra en Colombia. Pero, no fue así. Los socios colombianos (uno de ellos investigado por lavado de dinero a través del narcotráfico) crearon meses antes Slassa, la Sociedad Latinoamericana de Aguas. Slassa era la tenedora del 75% de Inassa, que a su vez poseía el 63% de Triple A, la compañía encargada del suministro de la ciudad colombiana de Barranquilla. La documentación que reposa en el Registro Público de Panamá indica que Slassa fue inscrita el 20 de julio del año 2000. Para cerrar la operación se creó la sociedad Canal Extensia, que puso el dinero en Panamá, detalla el diario digital okdiario.

INASSA EN PANAMÁ

Inassa es la misma empresa que se encarga de repartir los recibos de agua y leer los medidores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

En 2010, Inassa también obtuvo un contrato por $11.9 millones para cobrar su cartera morosa, que alcanza casi los $12 millones. Este contrato fue disuelto a través de un arbitraje que ganó Inassa al Idaan, que tiene que pagar $8 millones.

En 2012, la empresa obtuvo un contrato por $3.7 millones para la lectura de medidores y reparto de recibos del agua. De este contrato, el Idaan adeuda $478 mil, por pagos que no efectuó entre noviembre y diciembre de 2015. Para el periodo 2016 - 2019, la empresa volvió a ganar la licitación de lectura de los medidores y reparto de recibos por $11 millones. Pero, el refrendo del contrato no se produjo hasta un año después. La empresa, sin embargo, siguió prestando el servicio, explicó Jesús Ábrego, jefe de comercialización del Idaan. El servicio de ese año, que tampoco ha sido cancelado, asciende a $3 millones.

El nuevo contrato entre ambos (Idaan-Inassa) empezó a regir a partir de 2017 y tiene vigencia hasta 2020 con ámbito en Panamá, Arraiján y La Chorrera. Y aunque las quejas por el servicio de Inassa son frecuentes, el funcionario del Idaan reconoce que es muy difícil presionar a una empresa a la que no se le está pagando, ‘y que no tiene plata para honrar sus compromisos'.

Ábrego defendió la transparencia de la licitación alegando que las otras empresas participantes cometieron errores en la presentación de sus ofertas.

EL RASTRO EN EL REGISTRO

La documentación que reposa en el Registro Público de Panamá indica que el 3 de septiembre de 2010 se inscribió la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A. (Inassa).

Entre sus directivos aparecen Francisco Javier Domínguez (gerente general y representante legal en Panamá), quien es sujeto de investigación en la ‘Operación Lezo', dentro de una trama de compras infladas, dudosas adjudicaciones y pago de sobornos y comisiones en Panamá, Suiza, Liechtenstein, Islas Vírgenes, Uruguay y Holanda

Mediante la escritura 20022 del 27 de agosto de 2010 se constituyó en Panamá la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S.A., con sede en la República de Colombia. En este documento consta la elección del presidente y secretario de la reunión: Edmundo Sobrino, que también está siendo procesado por formar parte de esta red de corrupción. El expresidente de Inassa habría sido ‘conocedor y partícipe' de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para ‘manipular' la obtención de contratos, señala la prensa española que sigue el caso.

LA PINTADA

‘Averiguar el tema de pago de coimas (...) tendrá que hacerse a través de los canales de investigación a ver si, en efecto, hubo o no pagos de coimas (en la adjudicación del contrato para construir el sistema de alcantarillado de La Pintada',

MANUEL SORIANO

SECRETARIO EJECUTIVO DE CONADES

El consorcio formado por las empresas Inassa y Cleop (Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas) habría pagado en Panamá una comisión ilegal de $273,672 por un contrato de servicios inexistente suscrito con la sociedad de las Islas Vírgenes Eduholding Corp., como comisiones pagadas para hacerse con la construcción del sistema de alcantarillado sanitario de La Pintada, en Coclé, a un monto de $4 millones, al que se añadió $9 millones más. Este proyecto se dio por terminado el pasado lunes, por falta de avance en la obra, coincidiendo con las investigaciones en España.

La obra fue licitada el 7 de junio de 2012 por un monto de $3.7 millones como precio base. Tres empresas participaron en el proceso: Williams Construction ofreció $3.3 millones; Consorcio RYE, $3.5 millones; e Inassa Cleop, $4.0 millones. El seleccionado fue Inassa Cleop, que ofrecía el precio más alto, pero que estaba dentro de los límites de la licitación, explicó Manuel Soriano, secretario ejecutivo de Conades.

El Gobierno panameño, tras rescindir el contrato, evalúa una investigación.

Según Soriano, la Procuraduría o la Contraloría General de la República son los entes facultados para investigar si hubo coimas en los contratos adjudicados a las empresas españolas investigadas en España.

El Ministerio Público, por su parte, señaló que con las publicaciones de La Estrella de Panamá determinará si cabe abrir un expediente judicial.