ONU analizó casos de activistas ambientales

Larissa Duarte, activista de derechos humanos y defensora del río Cobre, en la provincia de Veraguas, planteó ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos en riesgo, Michel Forst, las constantes amenazas que reciben.

El encuentro tuvo lugar en Irlanda la semana pasada en un evento denominado ‘Plataforma Dublín para Defensores/as de Derechos Humanos 2017', con activistas perseguidos de cien países.

La iniciativa es impulsada por la fundación Front Line Defenders.

Los defensores de derechos humanos sostuvieron, además, un encuentro con el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour; el director Ejecutivo de Front Line Defenders, Andrew Anderson; y Mary Jane Real, del Consejo Directivo de la fundación.

Duarte planteó las amenazas que reciben los defensores de derechos humanos en Panamá y en su caso habló de la demanda civil por $10 millones que le presentó una empresa que pretendía desarrollar un proyecto hidroeléctrico en el río Cobre.

Duarte era una de las dirigentes de las comunidades que se oponían a la concesión del proyecto que fue cancelado por el Ministerio de Ambiente, cuando aún era la Autoridad Nacional del Ambiente.

‘En junio de 2016 amanecen colgadas en varias casetas de buses y sitios públicos de mi comunidad copias de un edicto en el que se anuncia que estoy demandaba civilmente por $10 millones por accionistas de la empresa que desarrollaba el proyecto que fue cancelado', explicó Duarte durante su intervención en el encuentro.

A pesar de que la demanda fue desestimada por el juzgado por falta de pruebas, persisten los esfuerzos de difamación contra su persona y el Movimiento Campesino en Defensa del río Cobre, calificándolos de terroristas y delincuentes, indicó Duarte.

‘La demanda no solo fue un acto de acoso y amenaza contra mí, sino contra todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país', indicó Duarte.

La activista también denunció el caso de la periodista Ligia Arreaga, que tuvo que salir del país luego de sus constantes denuncias por las afectaciones a la laguna de Matusagaratí, en la provincia de Darién.

Los defensores compartieron experiencias, así como estrategias de seguridad y protección en Dublín, señaló la fundación.