De controversial fiscal Anticorrupción a magistrada

Zuleyka Moore es una de las más polémicas fiscales del Ministerio Público. Algunas de sus decisiones han sido aplaudidas, otras han sido de objeto de fuertes críticas.

Moore estudió su licenciatura en la Universidad de Panamá y una maestría en derecho mercantil en la Universidad Santa María La Antigua (USMA).

Con solo veinte años de edad, fue designada oficial mayor en la Fiscalía Segunda del Circuito de Colón.

En 2013, fue nombrada fiscal Superior de Adolescencia de la provincia de Colón y la comarca Guna Yala, cargo que ocupó hasta enero de 2015, cuando fue trasladada a la ciudad capital para ocuparse de sus nuevas funciones como fiscal Tercera Anticorrupción.

En ese cargo, a Moore le correspondió instruir emblemáticas investigaciones de corrupción, como el fallido Sistema de Riego de Tonosí, en el que existen 33 personas imputadas. En este expediente ordenó la detención de al menos trece personas, entre ellas dos exministros, un exvicepresidente, un periodista y varios empresarios.

Moore también fue la fiscal encargada de instruir el expediente de los radares donde fueron vinculados el exministro de Seguridad, Raúl Mulino y su viceministro, Alejandro Garuz, a quien les ordenó detención preventiva. Este caso sufrió un duro revés cuando la Corte Suprema de Justicia anuló parte del expediente por extralimitación de los tiempos de investigación.

En diciembre de 2016, Moore fue designada como parte del equipo que investiga el rastro de los $59 millones en sobornos pagados por Odebrecht en Panamá. El Ministerio Público apeló a la experiencia y la competencia de la fiscal para instruir casos complejos.

Su investigación logró determinar que los sobornos de Odebrecht alcanzaron al menos $85 millones en el país. Pero la polémica decisión de no investigar al médico y exdiplomático Jaime Lasso, quien consiguió donaciones para la campaña electoral del presidente Juan Carlos Varela, bajo la premisa de doble juzgamiento, ha dejado una estela de dudas, imparcialidad y selectividad sobre su gestión como funcionaria de instrucción.

Es, sin embargo, considerada la ‘dama de hierro' de la administración de justicia porque ha impuesto polémicas medidas de detención a personas vinculadas al poder político y económico del país. En este mismo proceso, por las coimas que pagó la constructora Odebrecht en Panamá, la fiscal ordenó la detención preventiva de los exministros Jimmy Papadimitriu, Frank De Lima y José Domingo Arias. En ese mismo proceso, se ordenó alerta roja para los hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

Este mismo proceso sufrió un fuerte revés cuando el Juzgado Duodécimo de lo Penal negó la extensión de término de la investigación por una acción que emprendió la funcionaria al imponerle una medida cautelar a uno de los imputados en este caso, supuestamente sin autorización judicial. La decisión fue apelada por la fiscal

Moore ha sido designada por el presidente Juan Carlos Varela para reemplazar al magistrado Jerónimo Mejía en la Sala Segunda de lo Penal, a partir del 1 de enero de 2018, siempre y cuando la Asamblea Nacional de diputados la ratifique en el cargo.

Como magistrada de la Sala Segunda de lo Penal acompañaría a Harry Alberto Díaz y José Ayú Prado. Su cargo tendría competencia directa con los procesos que se siguen en la jurisdicción penal. Le correspondería resolver las apelaciones penales y dirigir los procesos asignados al magistrado Mejía, quien solicitó la extradición del expresidente Martinelli por las interceptaciones telefónicas.

La gran cantidad de casos en los que participó e instruyó como fiscal Anticorrupción, obligarían a Moore a declararse impedida en muchos de los procesos que deben conocer esta Sala y el pleno de la Corte.