Aún en agenda del debate las políticas de educación sexual

Actualizado
  • 04/08/2018 17:35
Creado
  • 04/08/2018 17:35
Durante cuatro años este proyecto se ha sido objeto de análisis con la participación de diversos sectores de la sociedad involucrados al tema de salud sexual y reproductiva

El pleno de la Asamblea Nacional mantiene en su temario, el proyecto de ley 61, que adopta políticas de educación, atención y promoción de la salud”.

Durante cuatro años este proyecto se ha sido objeto de análisis con la participación de diversos sectores de la sociedad involucrados al tema de salud sexual y reproductiva.

La iniciativa, en segundo debate, según ha sustentado en reiteradas ocasiones el presidente de la Comisión de Salud Crispiano Adames urge por darle al país un marco regulatorio que contenga las políticas públicas necesarias, eficaces y eficientes para dotar a las autoridades de las herramientas para reducir la creciente tasa de menores embarazadas y el incremento de enfermedades transmisibles.

A su juicio, contar con una Ley de Salud Sexual y Reproductiva, al igual proporciona la habilidad de las personas de controlar su propia fecundidad. Señaló que en este documento  se tiene presente el respeto a la dignidad de las personas, sus derechos, su conciencia, su cultura y los valores que la caracterizan, en concordancia con la Constitución Política, las leyes de la República de Panamá y los convenios internacionales.

Recordó que Panamá se ha comprometido en materia de derechos humanos con numerosos instrumentos internacionales tales como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, entre otros.

Parte del articulado del documento, revela que el Estado está obligado a asegurar la disponibilidad y acceso a los métodos de planificación familiar, en forma gratuita o a costos mínimos, en las instalaciones sanitarias del Ministerio de Salud, de manera que permita responder, adecuadamente, a la demanda de la población.

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