Presupuesto, el escollo de la justicia comunitaria

La falta de un presupuesto adecuado sigue siendo el objetivo de la implementación de la Justicia Comunitaria. Así se revela un informe de la Alianza Ciudadana Pro Justicia en la que se determina que los 679 corregimientos que existen en el país, 432 ofrecen el servicio de jueces de paz.

Magaly Castillo, directora de la Alianza, ha explicado que se han detectado casos en que los alcaldes han decidido una Casa de Justicia Comunitaria para atender a los corregimientos sin una debida justificación. Aclaró que, aunque la ley contempla esa posibilidad, tiene que estar debidamente justificado.

Esta realidad, dijo, lo que está provocando es una negación a la justicia por parte del Estado.

De acuerdo con el informe de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, de los 432 jueces de paz que han sido designados, 297 se ha hecho bajo los parámetros de la Ley y 135 han sido nombrados de manera interina.

A esto se suma que los jueces de la paz no están debidamente capacitados y la Alianza alega que es necesario que sean capacitados con las herramientas restaurativas para resolver conflictos comunitarios.

Además, no han sido nombrados los medios de comunicación que deben haber tenido en cada uno de ellos.

El informe también revela que las casas de justicia funcionan en las mismas estructuras que tenían las corregencias y el mismo mobiliario.

“Los juicios de la paz no tienen lo mínimo necesario, como papelería, computadora, ni vehículo para trasladarse a las diligencias”, añade el informe.

La Alianza se queja, además, de que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) remite a las casas de Justicia Comunitaria, los casos de robos de celulares y el robo con fractura, cuando estos casos se realizan por la Fiscalía de Atención Temprana.

Es necesario que el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría de la Administración y la Secretaría de Descentralización coordinen con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr una partida presupuestaria para apoyar los municipios en la implementación de las nuevas casas de Justicia y realizar una campaña de educación ciudadana, la Alianza Ciudadana Pro Justicia.