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22 de Oct de 2019

Nacional

La escandalosa manipulación de expedientes judiciales

A través de una carta, se deja en evidencia lo que los abogados consideran la asignación de los expedientes a los despachos

En los últimos años, varios juzgados han sido señalados por manipular expedientes.

Al despacho del magistrado Secundino Mendieta, presidente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, llegó una carta que retrata en cuerpo entero la manipulación de los expedientes judiciales. El Registro Único de Expedientes (RUE) es el mecanismo establecido donde entran todos los procesos. De allí se reparten y los casos deberían llegar de forma aleatoria a cada juzgado.

Sin embargo, muchos abogados se quejan de una componenda entre funcionarios de los juzgados, jueces y abogados, que manipulan la distribución de los expedientes para que estos caigan en los despachos donde ‘hay influencias'.

La carta, digna de Ripley, pone en conocimiento de Mendieta una denuncia contra la juez octava penal Leira Terán y una queja administrativa contra la misma juez. Esta carta, la denuncia y la queja, fueron presentadas por Diógenes Alvarado, abogado de Idania Vargas, quien a su vez es abogada de la sociedad Finatec S. de RL., empresa que tiene años de un pleito con otra que fue su socia, denominada Newstar Investment.

Según el abogado Alvarado, la juez Terán se confabula contra su cliente y prácticamente la deja en indefensión. No le permite ver el expediente y tampoco le quiere entregar copias autenticadas, valiéndose de artimañas.

El pleito entre Finatec S. de RL y Newstar Investment empezó por un proyecto inmobiliario que no terminó de cuajar. Lo que debía resolverse sin mayores contratiempos, donde cada parte recibiera lo invertido, terminó en los tribunales. El socio principal de Finatec S. de RL. tenía un abogado que terminó pasándose a la contraparte y que a su vez logró la condena de éste por poco más de un millón de dólares. En una declaración jurada ante la Notaría Octava de Circuito, Yuri Sapozhnikov, socio principal de Finatec S. de RL, cuestiona el manejo judicial de este caso, que en el fondo lo han despojado de sus bienes, empresas y hasta le han secuestrado sus ahorros. Dice que la manipulación judicial, a través de componendas, está entre las fiscalías como en los juzgados y los abogados que forman parte de una red corrupta que funciona como ‘relojito suizo'.

‘No se permite ver el expediente y tampoco le quieren entregar copias autenticadas',

DIÓGENES ALVARADO

ABOGADO DE IDANIA VARGAS

Del pleito civil se pasó luego al Juzgado Octavo Penal, donde demandaron a Yuri Sapozhnikov y a otros socios. Lo que también debería haber terminado con un juicio prístino acabó con la supuesta falsificación de la firma del juez y por este asunto se abrió otra causa en el Juzgado Tercero Penal. Es en el Juzgado Tercero Penal donde los abogados de Yuri Sapozhnikov notan que no tenían acceso al expediente y todo recaía en la oficial mayor Johana Aparicio. La defensa de Yuri Sapozhnikov denunció a la oficial mayor por ‘abierta corrupción con la sociedad Newstar Investment', dice el abogado Alvarado en la nota al magistrado Secundino Mendieta.

La denuncia contra la oficial mayor Aparicio también involucró al fiscal Julio Laffaurie, con quien supuestamente ésta se manejaba y quien ‘obstaculizó toda la investigación…'. Al final, del Juzgado Tercero Penal la oficial mayor renunció al cargo que desempeñaba en ese despacho, pero la sorpresa se produjo entonces cuando la misma Johana Aparicio fue a parar como oficial mayor en el Juzgado Octavo, donde está el caso principal del pleito entre Finatec S. de RL y Newstar Investment.

En la carta del abogado Diógenes Alvarado al magistrado Secundino Mendieta se evidencia la manipulación de expedientes; considera que ‘esta clase de funcionaria como Johana Aparicio no pueden estar en el sistema, al igual que es inadmisible que la señora juez Leira Terán, permita …conductas que hacen imposible poder ejercer el derecho a la defensa…'.

En síntesis, este es un caso donde dos grupos entran en pleito, que debiera resolverse en los juzgados de forma expedita y que ha terminado en un sinfín de demandas contra los propios funcionarios de justicia, incluyendo oficial mayor, fiscal y juez, por la supuesta manipulación que parece formar parte de una red para favorecer a una de las partes y en la que ahora toca al Segundo Tribunal Superior de Justicia dirimir un caso digno de Ripley, por la escandalosa manipulación de expedientes.