Panamá presenta su informe ante la SIP

Actualizado
  • 01/04/2019 02:00
Creado
  • 01/04/2019 02:00
Las querellas contra los diarios ‘La Estrella de Panamá' y ‘El Siglo', presentadas por Ricardo Martinelli, se destacan en el Informe Panamá. El documento también resalta como positivo el fallo de la Corte sobre la veda de las encuestas

El Informe Panamá fue sustentado en la jornada de ayer de la sesión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se inició el viernes 29 de marzo en Cartagena de Indias, Colombia.

Las querellas contra La Estrella de Panamá y El Siglo , presentadas por Ricardo Martinelli, se destacan en el documento.

Se recordó que se mantiene vigente el artículo 195 del Código Penal sobre la tipificación de la injuria y calumnia cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando la ‘supuesta víctima' sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional.

En el aspecto positivo y tras una demanda de TVN Media ante la Corte Suprema, se reconoció que el Órgano Judicial declaró inconstitucional la veda para la publicación de encuestas de opinión durante el proceso electoral. Se prohibía a los medios la divulgación, veinte días calendario antes de las elecciones. La sentencia data de diciembre de 2018 y no fue hasta febrero de 2019, dos meses antes de las elecciones, que se hizo pública. El Tribunal Electoral redujo la veda a 48 horas antes de las elecciones.

ASAMBLEA DE LA SIP

Encuentro

Con la presión internacional en aumento sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, el periodismo del continente está frente a una situación inédita que exige reflexión y análisis en la búsqueda urgente de soluciones

Los medios informativos de las Américas se disponen a tomar el pulso a la crisis.

También se mencionó que en enero la periodista Ligia Arreaga fue detenida y privada de su libertad por 24 horas por órdenes de la jueza Ulzana Valdez Jurado, cuando intentaba dar cobertura a un hecho en la provincia de Chiriquí. Al negarse a entregar su equipo fotográfico, Arreaga fue esposada.

El 2 de enero, cuando el Presidente de la República debía rendir su informe ante el Legislativo, los predios de la Asamblea Nacional fueron cercados con mallas de ciclón para impedir el paso de periodistas y medios.

La Prensa y Mi Diario , ambos propiedad de Corprensa, mantienen 13 demandas civiles, 11 penales, una en la jurisdicción de familia y una en la electoral, cuyas pretensiones ascienden a la suma de $60.1 millones.

El 17 de marzo en la comunidad de Capira, el fotógrafo Mauricio Valenzuela, de la plataforma digital ‘Claramente', fue agredido físicamente y parte de su equipo destruido durante la cobertura de un evento electoral.

Durante el último año se ordenó el archivo provisional de un proceso penal y de 26 denuncias penales presentadas por miembros del partido Cambio Democrático.

Sigue pendiente el juicio contra Mariela Ledezma y Annette Planells, querelladas penalmente por Martinelli. El monto reclamado por supuesto daño moral asciende a $2 millones.

Recordando que estamos en medio de un proceso electoral, el movimiento independiente (MOVIN) colocó varias vallas promoviendo la no reelección. El Tribunal Electoral consideró que estas acciones violaban las normas electorales y ordenó la remoción de las vallas, acto que generó polémicas sobre libertad de expresión.

El Ministerio Público continúa realizando investigaciones denominadas ‘New Business', basadas en información remitida por la Asamblea Nacional, pesquisas que atañen a la forma de adquisición del grupo EPASA por sus actuales propietarios.

EPASA considera que estas investigaciones buscan intimidar a los diarios Panamá América y Crítica , debido a las informaciones relacionadas con casos de corrupción que han publicado. Las investigaciones llevan más de año y medio -fueron anunciadas en junio de 2017-, pero se desconocen los resultados, lo que afecta el normal funcionamiento de ambos medios.

Sigue pendiente en el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), con sede en Panamá, un proyecto de ley presentado por el asambleísta ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una Ley Marco de Comunicaciones para los países integrantes del Parlatino, ‘sobre el derecho al libre acceso a la comunicación' y establecer mecanismos de control por parte del Estado para ‘monitorear, advertir y promover' sobre los contenidos de los medios de comunicación social.

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