Intentan probar sustracción del equipo de pinchazos

La tarde de este viernes, el juicio oral por pinchazos contra el expresidente Ricardo Martinelli continuó con el interrogatorio del testigo Luis Rivera Calles, jefe de informática de Medicina Legal, quien fue consultado por la fiscalía sobre una diligencia de inspección ocular que se efectuó en octubre de 2015, en el edificio Oceanía en Punta Pacífica, piso 6 torre 300, donde operaba una oficina de la firma Btesh y Virzi, allegados al expresidente.

En este sitio se detectó por última vez, el 16 de mayo de 2014, el IP -número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red, elemento de comunicación/conexión de un dispositivo- que pertenecía al equipo de interceptación de pinchazos del Consejo de Seguridad. La fiscalía intenta acreditar con esta diligencia la sustracción y apropiación de los equipos o sistemas adquiridos por el Estado a un costo de $13 millones y $8 millones.

De acuerdo al relato del querellante Carlos Herrera hijo, Rivera Calles recordó que participó de esta diligencia, pero dijo que cuando llegó al lugar encontró una oficina totalmente desolada que había sido abandonada, y el dato que pudo extraer era que el propietario del inmueble era la firma Btesh y Virzi.

El objetivo de la diligencia consistía en tratar de verificar si había operado el IP de la máquina pinchadora. ‘Para esa fecha ya había una investigación abierta por lo que es probable que las personas que operaban ese lugar trataron de desaparecer las evidencias o indicios que pudieran apuntar hacia ellos', indicó el abogado Herrera.

El abogado de la defensa, Alfredo Vallarino, precisó que Rivera Calles había sido contundente en decir que no pudo verificar ningún IP en oficina alguna de Punta Pacífica, específicamente en el edificio Oceanía piso 6. ‘El perito dijo al juez que no se pudo determinar ese IP desde ese edificio', señaló Vallarino.

Al inicio de la sesión, el Ministerio Público promovió un intento de reabrir los discos compactos que ya habían sido rechazados por el Tribunal en una decisión que está siendo amparada en este momento. ‘Ese intento terminó con la decisión del Primer Tribunal Superior, que se acogerá al amparo y no permitirían en esta instancia abrirlos hasta que no sea resuelto. Si el Tribunal falla a favor de la fiscalía permitirá su reapertura, de lo contrario la fiscalía tiene la posibilidad de apelar la decisión', explicó el querellante Herrera.

Esta situación desesperó a la defensa del expresidente que salió de la audiencia irritada ante el intento de la Fiscalía para que el juez Roberto Tejeira accediera al intento de abrir los discos compactos. El abogado Sidney Sittón recordó que se ‘les había negado la apertura de los discos compactos y la Fiscalía insistió en abrirlos cuando el juez ya les había advertido que estaban amparados'. ‘El Ministerio Público no domina sus pruebas, no conoce sus pruebas ni la técnica, es vergonzoso, es triste ver fiscales con mando jurisdiccional a quienes el juez les llame la atención constantemente sobre la técnica que deben emplear para introducir las pruebas', determinó Sittón.

‘Durante la sesión hubo todo tipo de objeciones, según la defensa, por la forma en que la fiscalía presenta las pruebas y llamados de atención del juez sobre el cómo debe cursar las evidencias o introducirlas la Fiscalía, por no utilizar las técnicas correspondientes', según sintetizó Vallarino.

Existen cinco discos que pretende introducir la Fiscalía durante el juicio oral en contra del exgobernante; dos de ellos están amparados, el juez permitió la apertura de otro que tenía el sello roto.

Otros 13, que están anunciados como pruebas aún no han sido incorporados al juicios.