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12 de Dec de 2019

Nacional

Gabinete aprueba eliminación de la Aupsa y reformas a la ley de contrataciones

En el Instituto Nacional de Agricultura, en Divisa, se celebró el primer Consejo de Gabinete del presidente Cortizo. Entre las primeras propuestas están las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas y la eliminación de la Aupsa

La eliminación de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) fue el primer punto de la agenda del primer Consejo de Gabinete del presidente Laurentino Cortizo.

El nuevo gobierno inició el camino para eliminar la entidad creada durante la administración de Martín Torrijos, mediante un decreto ley. De esta manera, un gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) crea la entidad y otro del mismo colectivo político la elimina.

En el primer Consejo de Gabinete, realizado en el gimnasio del Instituto Nacional de Agricultura (INA) en Divisa, provincia de Veraguas, se aprobó la creación de una comisión para elaborar un proyecto que elimina la Aupsa.

La comisión estará integrada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), que tendrá hasta 120 días calendario para presentar la propuesta ante el Consejo de Gabinete.

La propuesta contempla que el Minsa asumirá las responsabilidades de sanidad agropecuaria y el (MIDA) se encargará de salud animal, tal cual estaba establecido antes de la creación de la Aupsa.

Esta primera reunión del equipo de trabajo del Órgano Ejecutivo se dio en un ambiente con temperatura que de unos 30 grados, reclamos por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y aplausos de los presentes, en especial de los productores, cuando se anunció el primer punto de la agenda.

El presidente Cortizo entró al gimnasio en medio de aplausos, rodeado de una batería de periodistas, a las once de la mañana, una hora después de lo programado para el inicio de la reunión del consejo de gobierno.

Vestidos de blancos, cada ministro se ubicó en las dos filas de asientos, al frente el presidente Cortizo. Mientras que a su derecha estaba el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero. A la izquierda, el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo.

En la mesa principal también se encontraba el contralor de la República, Federico Humbert.

El acto empezó con una décima cantada por una estudiante del INA y luego, la invocación religiosa. Después llegó el turno del director del INA, Juan Francisco Tello, quien presentó una lista de reclamos, unos más apremiantes que otros. Entre las peticiones, que se refrendara los fondos de becas para seis egresados que se deben ir, en septiembre, a Portugal para continuar sus estudios superiores.

Tello solicitó dotar al INA de un buen presupuesto y ampliar las infraestructuras. Para esta institución también se aprobó una propuesta durante el Consejo de Gabinete. Se transformará en el Instituto de Agrotecnología de las Américas.

Además, se aprobó autorizar al ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, para presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que modifique la Ley 4 de 1994, que establece el sistema de intereses preferenciales para el agro. ‘El sector agropecuario no es una carga para el Gobierno, el sector agropecuario es un generador de empleo', dijo el vicepresidente Carrizo.

Otra de las decisiones que se tomaron en esta primera reunión de gobierno fue la creación de una comisión para elaborar el proyecto que reformará la Ley de Contrataciones Públicas que, entre otras cosas, contemplará la inhabilitación de las empresas que hayan sido condenada o que hayan firmado acuerdos de penas por casos de corrupción.

La propuesta fue presentada ante el Consejo de Gabinete por Gaspar Tarté, quien coordinó un equipo de abogados para redactar la iniciativa. Además de inhabilitar a las empresas condenadas y con acuerdos de pena, la propuesta contempla licitaciones para la compra de alimentos agropecuarios en la que solo podrán participar los productores del país.

Otro punto que debe considerar la reforma son las licitaciones para proyectos de infraestructuras en los municipios, en las que solo participarán empresas locales para obras de hasta $7 millones.

La propuesta propone cambiar la forma de designar las comisiones evaluadoras de las licitaciones públicas. Tarté explicó que serán elegidas de manera aleatoria y mejora los períodos de los procesos de licitación.

La Ley 22 de 2006, que rige las Contrataciones Públicas, fue ‘lamentablemente cercenada y cambiada negativamente' desde el punto de vista de transparencia durante los dos últimos quinquenios, dijo. Lo que se propone, indicó, es retrotraer la Ley 22 original con algunas mejoras.