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04 de Aug de 2020

Nacional

Panamá penalizará con cárcel envío de remesas ilegales al extranjero

Las sanciones aplicarán desde 8 hasta 15 años de cárcel, según lo aprobado

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Panamá utiliza el dólar como moneda de circulación .Archivo | La Estrella de Panamá

La Asamblea Nacional aprobó, en tercer y último debate, el el proyecto de ley 168 que adiciona el artículo 253-A al Código Penal.

El proyecto de ley fue presentado por el Ejecutivo y busca “garantizar la seguridad jurídica y proteger el sistema financiero panameño evitando que se envíen renmesas de dinero al extranjero de forma ilegal”.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, explicó el espíritu del proyecto de ley señalando que no se castiga al ciudadano nacional o extranjero que envían dineros al exterior.

El artículo agregado señala que quien realice de manera comercial el servicio de transferencia de dinero, ya sea a través de sistemas de transferencias o transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio y sin licencia de autoridad competente, será sancionado con prisión de cinco a ocho años.

La norma se aplica como medida efectiva contra el envío de remesas de dinero al margen de la ley -como un sistema para el lavado de dinero y la utilización de fondos provenientes de delitos- lo cual afecta el buen funcionamiento del Centro Bancario y Financiero del país.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, ha dicho que por años el envío de remesas de forma ilegal ha sido regulada solo en la esfera administrativa, lo cual ha sido ineficiente para su erradicación, por lo cual se hace necesario su tipificación en la esfera penal.

Agregó que se espera que esta norma sea una “medicina preventiva y disuasiva” que sirva para desestimular esta práctica, penalizando las remesas ilegales, con penas de 8 a 15 años de cárcel, porque hay preocupaciones con lo que se hace con estos fondos, que son usados para financiar prácticas terroristas y compras de armas entre otras.

La inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente (elevándolo a la calidad de delito), permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país