Impuestos, corrupción, evasión y derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, esto significa que en Panamá, como en cualquier otro país, el Estado tiene la obligación de asegurar a todos y todas el goce de todos los derechos humanos.

Por otra parte, el aseguramiento de derechos humanos tales como la seguridad alimentaria, la salud y la educación son centrales para contar con una fuerza laboral consciente de sus derechos ciudadanos, así como con la capacidad de sostener un desarrollo basado en la difusión de un progreso tecnológico que eleve la productividad, promueva la equidad social y respete el medio ambiente.

En Panamá es obvio que el Estado dista mucho de cumplir con su papel. En términos de la educación vale recordar que el 46% de los jóvenes que estarían en edad de haber completado su educación secundaria simplemente no lo han hecho. Además, pese a que los panameños estudian en promedio 11.3 años, cuando se toma en cuenta la calidad de la enseñanza estos se reducen a apenas 7.2 años, a esto se puede agregar que el 16.1% de los niños y niñas panameños muestran carencia en términos de educación y formación temprana. Así mismo, de acuerdo al índice de capital humano del Banco Mundial, un niño que nace hoy solo tiene, en promedio, la posibilidad de desarrollar solo el 53% de su capacidad productiva.

Por otra parte, de acuerdo a la FAO, cerca de 400,000 habitantes de nuestro país mostraron durante el período 2015 – 2017 una situación de desnutrición. Para el mismo período, se puede agregar, que cerca de 200,000 mujeres panameñas en edad reproductiva están afectadas por anemia. El Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes (2018), muestra que el 15.6% de estos muestran carencia en términos de la alimentación variada necesaria y que el 14.3% está en condiciones deficitarias en términos de prevención y riesgos de salud.

Entre las causas más importantes que explican por qué el Estado no cumple con estos importantes derechos humanos está la corrupción, la cual debe entenderse en sus diversas y variadas formas. La forma más conocida de esta es la de la corrupción que se da entre funcionarios públicos y empresarios privados para beneficiarse ilegalmente, generando una lesión patrimonial. Aun cuando es difícil medir el impacto económico preciso de esta, algunas fuentes en nuestro país la calculan en una suma equivalente al 3% o 4% del producto interno bruto (PIB).

La capacidad del Estado de corregir, aunque sea parcialmente la enorme deuda social existente, está claramente limitada por el actual sistema tributario. Se puede partir señalando que en Panamá se observan bajas tasas efectivas de tributación. Es así que, de acuerdo a un trabajo reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, editado por Verónica Zavala y otros colaboradores (2019), los ingresos tributarios de Panamá representan alrededor del 10.9% del producto interno bruto (PIB), cifra muy por debajo del promedio de la región (17.8%), lo que significa que nuestro país tiene la segunda más baja presión tributaria de América Latina.

Más aún, de acuerdo a este documento si bien Panamá cuenta con los ingresos del Canal de Panamá, lo cierto es que la presión fiscal equivalente en nuestro país, la que se calcula incluyendo estos ingresos y las contribuciones sociales, es una de las más bajas de América Latina: la cuarta menor, con un 19.8% del PIB.

Como es de esperarse, toda esta situación incide directamente en el volumen del gasto público social. Utilizando nuevamente los datos recientes proporcionados por el BID, se puede observar que en referencia a los desembolsos públicos de recursos: “el gasto social se ha mantenido relativamente constante en torno al 8.5 – 9.0%, una cifra casi tres puntos inferior al promedio de América Latina y casi la mitad de Chile y Uruguay. A esto se puede agregar que, mientras que en Panamá el gasto social apenas ha variado, en la región ha aumentado en 2.2 punto del PIB (4 puntos en Uruguay y 4.4 en Chile).

Una forma menos divulgada y soterrada de corrupción está dada por la evasión fiscal.

En este caso se puede partir estableciendo que en nuestro país para el año 2016, último año con datos disponibles, el total de incumplimiento en la recaudación tributaria, es decir la diferencia entre lo que teóricamente se debería recaudar y lo efectivamente recaudado, totalizó un monto de B/. 4,744.9 millones, cifra equivalente al 8.2% del PIB.

El significado de este indicador, que apunta hacia la evasión, se puede evidenciar si se tiene en cuenta que se trata de un cifra equivalente al 43.0% del total del gasto público en consumo y formación bruta de capital durante el año 2016.

En Panamá, tal como lo afirma la Cepal para toda la región, “la evasión y elusión tributaria sigue siendo uno de los principales obstáculos a la movilización de recursos internos para financiar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Es claro, entonces, la importancia que tiene para el país combatir las dos formas de corrupción aquí comentadas, cuyo costo puede alcanzar a entre 10.4% y 11.4% del PIB.

Es importante destacar que el elemento que más contribuye al incumplimiento en la recaudación tributaria se encuentra en el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, con el 64.2% del total (B/. 3,044.2). También es importante a este respecto el papel jugado por el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) en la evasión impositiva. En este caso la tasa de incumplimiento alcanza al 33.4%, que representó el 26.5% del total (B/. 1,256.7 millones). Ambos componentes muestran el papel del sector empresarial en este problema.

Resulta, de acuerdo a esto, que en nuestro país existen empresas que están violando los Principios Rectores Sobre las Empresas y los Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 16 de julio de 2011, de acuerdo al cual “las empresas no deben menoscabar la capacidad de los Estados para cumplir con su propias obligaciones de derechos humanos…”

La gran pregunta que queda por hacerse es si las elites económicas dominantes del país estarían dispuestas, a partir de un Pacto Fiscal a renunciar a sus prebendas y cumplir con su responsabilidad social frente al desarrollo inclusivo, socialmente equitativo y sostenible.

En nuestra opinión se trata de un evento de baja probabilidad de ocurrencia. Sea cual fuera la respuesta a esta interrogante, la profundización de la conciencia y la organización de los sectores populares y medios de la sociedad tendrán que crecer como fuerza política, a fin de asegurar los cambio necesarios.

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