Presentan denuncia contra el magistrado Luis Ramón Fábrega

Actualizado
  • 03/03/2020 19:25
Creado
  • 03/03/2020 19:25
Según los denunciantes a pesar de las afectaciones a residentes aledaños al Río Juan Díaz y una orden del Ministerio de Ambiente para suspender las obras, la inmobiliaria siguió trabajando

Una denuncia penal en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega fue presentada ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional por presuntamente negar el acceso y dilatar la entrega de copias de un expediente, solicitado por un grupo de abogados en una disputa legal con una inmobiliaria local.

Los abogados Manuel Guillén y Olmedo Guillén acudieron a la Asamblea, este martes, a presentar la denuncia contra Fábrega. 

Manuel Guillén explicó que a pesar de que el pasado enero y febrero se le solicitó a Fábrega una serie de copias del expediente que asegura son pruebas para promover un incidente de desacato en un caso que se tramita en la Sala Tercera en grado de apelación, el magistrado no las ha entregado, a pesar de ser el ponente.

El incidente de desacato que pretenden presentar explicó Manuel Guillén se debe a que la inmobiliaria ha incumplido órdenes que ha dictado la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al no acatar la decisión de una resolución dictada por el Ministerio de Ambiente en 2013.

La decisión de la Sala Tercera, asegura, es del 27 de septiembre de 2017 y ordena la suspensión de la resolución que aprobó el estudio de impacto ambiental para el desarrollo de unas obras en Juan Díaz, ejecutadas por la inmobiliaria.

“Es conocido que en la Ciudad Radial se han realizado obras y se han dado inundaciones que prácticamente han enterrado el patio de las casas. Estamos pretendiendo hacer respetar y cumplir una orden de la Sala Tercera y se nos ha impedido el acceso al expediente y a las copias solicitadas”, precisó Guillén.

Detalló que la entrega de lo solicitado es un deber establecido en el artículo 306 del Código Judicial, que dispone que el funcionario debe facilitar las copias de manera inmediata.

“El artículo 483, 492 y 493 del Código Judicial disponen ese deber a cargo del funcionario encargado, competente o sustanciador del expediente en apelación”, precisó.

En tanto, el también abogado Olmedo Guillén manifestó que la población está clara en que hay un nivel de corrupción muy alto en los deberes de los funcionarios públicos.

“Yo creo que la Asamblea debe ejercer su rol que es el de investigar y demostrarle, a la ciudadanía, que si hay pruebas fehacientes como las que se están presentando, demuestre su rol , cite y se hagan las investigaciones pertinentes sobre todo porque se trata de un magistrado de la Corte a quien en reiteradas ocasiones se le ha solicitado el expediente, que lo autentique y suministre copia”, señaló.

Sostuvo que lo único que hace es extender el tiempo para la toma de decisión a través de un fallo.

“Representamos a un cliente, hay una afectación comunidad,  donde los residentes aledaños al Río Juan Díaz se han visto afectados y no hay manera de frenar esto. A pesar de que existe una orden de desacato la empresa siguió trabajando”, denunció.

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