Emergencia nacional

Actualizado
  • 14/03/2020 06:00
Creado
  • 14/03/2020 06:00
La república de Panamá, por sus vínculos con la nación china a lo largo de la historia, y la presencia de ciudadanos de esta ascendencia entre las familias panameñas, más temprano que tarde se vería afectada

En la conferencia de prensa que sostuvo el presidente de la República, el día 12 de marzo de 2020, informó al país que el 13 de marzo, en Consejo de Gabinete, declararía una emergencia nacional, basada en la crisis que enfrenta el país con la llegada del Covid-19.

Ante la situación mundial que se vive, y que es de conocimiento desde el 20 de enero de 2020, cuando China declaró la existencia del nuevo virus en la provincia de Wuhan, los Estados del mundo rápidamente entraron en una situación de preocupación mundial, dada la rapidez con la que el nuevo brote que estaba cobrando cientos de vidas y contagiado a miles de ciudadanos chinos en un tiempo extremadamente corto. Lo demás hasta el día de hoy es historia, que corre por todas las redes del mundo.

La república de Panamá, por sus vínculos con la nación china a lo largo de la historia, y la presencia de ciudadanos de esta ascendencia entre las familias panameñas, más temprano que tarde se vería afectada. Esta premisa, de nuestra estrecha relación histórica con China, debió ser el eje nuclear de cualquier política o programa de prevención ante la llegada. Y no esperar a solicitar en los aeropuertos, la respectiva visa al Covid-19 que, por demás, viajaría con múltiples pasaportes.

El Gobierno Nacional le manifestó a todo el país, desde el 2 de febrero, que estaba total y absolutamente preparado para enfrentar la crisis, y para ello se habían establecido todas las comisiones, recursos y reglamentaciones necesarias. Dijo que había dispuesto de todos los recursos necesarios para atender la amenaza.

Ello funcionó como un tranquilizante para la población que decidió celebrar sus carnavales, sin ningún temor.

El día 9 de marzo de 2020, sorpresivamente, la población fue notificada de la primera víctima del Covid-19. Y en tal sentido, se expresó nuevamente que todo estaba bajo control y que el presidente había dispuesto todos los recursos, pese a los diversos cuestionamientos de la población.

El día 10 de marzo, el Covid-19 decidió mostrar su verdadera artillería y dar cuenta de que las autoridades nacionales no tenían toda la información necesaria y que tampoco habían levantado la guardia requerida. El llamado caso cero estaba en el campo de batalla del colegio Beckman, sin embargo no fue detectado, sino hasta ahora. La declarada víctima 1 realmente era como la quinta víctima.

En menos de tres días, el país tuvo 27 víctimas, número que crecerá exponencialmente (según Sáez-Llorens).

Pero ante esta situación, el presidente decreta la emergencia nacional. La Constitución Política no contempla la expresión 'emergencia nacional'. Ella es la expresión que le da el Ejecutivo, lo que la Constitución denomina 'casos de emergencia' (Art. 163.8), distinto al 'estado de urgencia' (art. 55).

Para ser muy corto y preciso, ambos afectan la economía nacional. Sin embargo, la primera expresión tiene relación directa con la facultad que adquiere el Ejecutivo de echar mano de los ahorros nacionales. Esto en sí mismo resulta muy preocupante, si tomamos en cuenta que al inicio del presente gobierno, el presidente comprometió la economía nacional en $5,000 millones, de los cuales todavía no hemos recibido los respectivos informes.

Sin embargo, ahora, frente a la pandemia del Covid-19, el presidente nos sorprende con la declaratoria de emergencia nacional. Y hace referencia de inmediato, al posible uso de $1,200 millones, del Fondo de Ahorros de Panamá (FAP), para atender los posibles estragos económicos.

Si sumamos $5,000 millones, más $1,200 millones, estamos ante la presencia de un gobierno que en menos de nueve meses habría tenido acceso a más de $6,200 millones, para atender la economía nacional.

La declaratoria de emergencia nacional, al amparo del artículo 163.8 de la Constitución Política, le permite al presidente de la República, excepcionar la aplicación de todas las leyes de control presupuestario y fiscal. En otras palabras, nos parece que en esta declaración, el Gobierno tiene otro trasfondo, que pretende aprovechar so pretexto de la lucha contra el Covid-19.

Las declaraciones del ministro de Economía, el día 13 de marzo, tras el Consejo de Gabinete, vienen precisamente a corroborar el temor que teníamos. El uso de nuevos fondos, y no precisamente para enfrentar al Covid-19.

Abogado y profesor universitario
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