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Actualizado
- 16/09/2020 00:00
Creado
- 16/09/2020 00:00
La certificación del fabricante israelí afecta directamente los argumentos expuestos por la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada
La Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada tuvo un fuerte revés en su investigación por supuesto tráfico ilegal de armas de guerra entre exoficiales policiales panameños, exfuncionarios y empresarios.
El pasado 14 de julio se ejecutaron 28 allanamientos en la denominada “operación Furia”, dando con la detención de varios exoficiales y empresarios panameños que tendrían en su posesión parte de las armas buscadas y señaladas de ser para combate o guerra.
Pero el pasado 4 de agosto, la compañía Israel Weapon Industries LTD (IWI) certificó a las autoridades judiciales de Panamá que las armas que se investigan son semiautomáticas, descartando la teoría de la investigación de que eran armas de guerra.
“Informamos que las armas con los siguientes números de serie de la orden No. CO14000133, salieron de la fábrica en condición de modo semiautomático”, dijo el fabricante IWI en una carta firmada por Natan Hender, vicepresidente de mercadeo y ventas para Latinoamérica de la compañía.
La certificación de IWI hace referencia a seis fusiles de asalto y dos armas denominada Galil Ace, todas semiautomáticas.
La certificación del fabricante israelí afecta directamente los argumentos expuestos por la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, lo que podría dar con el levantamiento de las medidas cautelares contra varios exoficiales y exfuncionarios que afirman tener posesión legítima de las armas.
El 19 de julio pasado, el juez de garantías Eric González, a pesar de la inconsistente sustentación de la fiscalía (de acuerdo con los abogados defensores), dictó medidas cautelares de impedimento de salida del país y arresto domiciliario para los excomisionados Omar Pinzón, Belsio González, Rolando López, Rafael Bárcenas, Jack Betesh, Frank Ábrego, y Luis Segarro.
Mientras que a Juan Pineda y a Roberto García se les impuso reporte periódico y país por cárcel.
La fiscalía sostuvo que estas armas fueron importadas a la República de Panamá con el fin de ser utilizadas por los estamentos de seguridad, pero que posteriormente fueron reubicadas en particulares y en personal de altos cargos de los estamentos de seguridad del país.
Sin embargo, las armas investigadas también cuentan con todos los permisos que exige la legislación panameña, otro punto en contra de la investigación de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada.
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