Golpe económico y logístico para banda criminal que opera en la capital

El sector de Felipillo, ubicado al este de la capital panameña, parece servir como área de almacenamiento bajo tierra de las redes criminales.

Ayer en horas de la tarde, la Policía Nacional ubicó en Manzana Cero, un fusil M-4, una subametralladora, siete proveedores y tres botellas de plástico con municiones sin detonar.

Estas armas se suman a los $2,8 millones encontrados en 11 caletos o tumbas, equipo de comunicación como celulares y radios portátiles, cinco fusiles de guerra, 19 proveedores, un chaleco antibalas, varias pistolas y una gran cantidad de municiones entre las que se desglosan 35 cargadores de AK 47, ocho cargadores de R15 y miles de municiones que emplearía el grupo criminal, que fueron encontrados en una caleta el fin de semana, en un operativo en el que intervino la Dirección de Inteligencia Policial, la Policía Nacional y la Fuerza de Acción Rápida.

El fiscal de Drogas Javier Caravallo indicó ayer, durante una conferencia de prensa, “que se golpeó la parte logística del grupo delincuencial que opera en la ciudad de Panamá, pues se decomisaron recursos importantes en efectivo y parte del material logístico que emplean para el crimen”.

No obstante, hasta el momento no hay personas detenidas vinculadas al hallazgo.

El dinero en efectivo que manejan los grupos delincuenciales habla del presupuesto, casi ilimitado, que tienen estas estructuras para mover la droga.

El dinero es un instrumento para los grupos delincuenciales con el que financian muchas cosas, es una gran tentación para los agentes policiales que son reclutados por el crimen organizado a cambio de brindar servicios de protección, información o paso libre de droga, por ejemplo.

Pero también explica el grado de tensión y de violencia a la que está sometida la comunidad. Población que se puede sentir atemorizada al intentar cooperar con las autoridades para detener las bandas que operan cerca de su casa.

Según el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, se han intensificado los patrullajes y las acciones de inteligencia en la zona, pero hay otros elementos más allá de la acción policial que deben intervenir y adquirir compromisos para sacar de las calles a estas organizaciones.

Con estos recursos pueden penetrar todas las instancias dentro de la cadena, “les permiten encontrar personas que busquen desorientar a la policía”, añadió Miranda.

En el operativo del fin de semana también se halló equipo utilizado para inhibir las señales policiales, lo que da una idea de la sofisticación que manejan estos grupos al actuar y la permisividad que les brinda la tecnología.

El director llamó la atención de todos los actores en la ruta de judicialización de las pandillas, quienes colaboran con ciertos servicios para los carteles extranjeros (mexicanos y colombianos), entre ellos el sicariato.

En lo que va del año, indicó Miranda, se incautaron de 1,683 armas de fuego, se efectuaron 285 operaciones de compras controladas de droga en los barrios para desarticular el microtráfico.

Es un hecho comprobado que más del 70% de los homicidios que ocurren en el país está vinculado a una estructura delincuencial. Lo decepcionante para la Policía es que desde 2016 a 2018 llevaron ante la justicia a más de 400 personas vinculadas al delito de pandillerismo. Sin embargo, por alguna razón del Sistema Penal Acusatorio, salieron libres a los dos años de haber sido aprehendidos.

“Ha sido difícil para la Policía Nacional llevar a estas personas ante las autoridades; solo 38 supuestos pandilleros se llevaron ante los jueces este año”, expresó el director.

“Quienes salieron de las cárceles por casos de pandilla hoy están en las calles, forman parte de las bandas. El 48% de quienes cometen hechos de homicidio ha sido capturado. Se requiere más compromiso de los actores judiciales para que no solo se lleve a los delincuentes ante la justicia, sino para que no salgan tan fácilmente de la cárcel. Un hecho que desmoraliza a la fuerza pública y a los fiscales”, dijo Miranda.