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08 de May de 2021

Nacional

Abogados piden a la Corte mejorar la justicia ante el alza de casos de covid-19

El Colegio Nacional de Abogados solicitó que se decrete la suspensión de los términos judiciales, mientras dure la cuarentena total para las provincias de Panamá y Panamá Oeste

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), a través de su presidente, Juan Carlos Araúz, hizo un llamado al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que dicte una resolución que unifique el procedimiento para la presentación de escritos y solicitudes utilizando la tecnología, vía correo electrónico, con miras a mejorar el funcionamiento de la justicia en medio de la pandemia de covid-19.

Araúz cuestiona que algunos despachos judiciales se resistan a utilizar la tecnología, a pesar de la pandemia.Archivo | La Estrella de Panamá

El pedido emitido en un comunicado se da ante el incremento de los casos de covid-19 en el país –incluso en los despachos judiciales–, y debido a que el CNA desde el inicio de la pandemia ha advertido que la tecnología está siendo motivo de resistencia en algunos despachos judiciales, en los cuales ni contestan los correos electrónicos en algunos casos, o las respuestas llegan con demasiado tiempo de espera.

“De igual manera el acceso a las llamadas telefónicas en algunos casos constan en algunos juzgados, en otros no, y en otros se limitan a decir que no atienden consultas telefónicas”, indica en CNA.

“La tecnología existente en el Órgano Judicial y el Ministerio Público inclusive debe permitir que los usuarios por casos reciban una alerta automática a los correos electrónicos registrados cuando se ha realizado un cambio de estatus en cada expediente y así evitar la saturación de consultas cuando no se ha registrado movimiento alguno en el expediente”, plantea el comunicado.

Señala el gremio que parte del funcionamiento eficiente de la justicia se centra en una mejor actitud a los cambios, y a saber que la justicia como la conocíamos previo a la pandemia no era eficiente ni propiciaba la transparencia, como sería si nos apoyamos en el uso de la tecnología.

Para Araúz, el aumento de casos de covid-19 hace necesario disminuir el número de personas que circulan innecesariamente por los despachos, y se plantea la necesidad de la suspensión del control de las medidas cautelares personales de firmar, y en su reemplazo se utilice la tecnología para dar seguimiento a estos ciudadanos.

Araúz hizo, además, un llamado a los magistrados de tribunales superiores del país a ejercer las facultades sancionatorias en los casos en que los juzgadores mantengan resistencia a los cambios.

De igual manera, se hizo un llamado a los abogados del país a presentar las quejas necesarias que permitan impulsar y sostener el avance de la implementación de la tecnología en las tareas de la justicia.

“La creencia de que cada despacho fija sus propias reglas debe finalizar y ser sacada del funcionamiento de la justicia; debe existir una estandarización de los trámites en todos los despachos y generarse instrucciones administrativas que impliquen sanciones a los funcionarios renuentes al uso de herramientas”, precisó Araúz.

El gremio de abogados solicitó además que se decrete la suspensión de los términos judiciales, mientras dure la cuarentena total para las provincias de Panamá y Panamá Oeste anunciada por el Ministro de Salud, y que en ese tiempo ningún despacho judicial quede sin realizar las adecuaciones necesarias para el uso de la tecnología de forma obligatoria.

De igual manera se solicitó la suspensión de las medidas cautelares personales tanto en el Ministerio Publico como en el Órgano Judicial, y se exigió que se garantice el carácter ininterrumpido de la justicia mientras dure la nueva cuarentena total anunciada, redoblando las medidas sanitarias y de protección tanto del personal judicial y usuarios del sistema que contemplen el establecimiento de turnos y reducción de personal para mantener las distancias mínimas exigidas por el Ministerio de Salud.

También recordaron a todos los abogados del país que gestionan diariamente, que la abogacía está exenta de controles de horarios y salidas establecidas para los ciudadanos, siempre y cuando el abogado tenga un motivo profesional que atender.